Fundado en 1910

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al GobiernoEuropa Press

Vox lleva al Congreso el cese de María Jesús Montero por «dejación de funciones» en el control de contratos públicos

La formación exige al Gobierno que adopte «medidas realmente tajantes para poner fin a la corrupción política que parece campar a sus anchas»

El partido de Santiago Abascal ha registrado en el Congreso una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que el Ministerio de Hacienda aplicará para perseguir el fraude y luchar contra la corrupción.

En ella, entre otras medidas, insta al Gobierno a promover el cese de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «como máxima responsable de la contratación del Estado», por «dejación de funciones en el control de los contratos públicos, con el resultado de millones de euros perdidos en comisiones y suministros defectuosos que no han servido para proteger a los españoles».

El grupo parlamentario denuncia en el texto que en los últimos 40 años los casos de corrupción ligados a los gobiernos han sido «relativamente frecuentes», y varios de los más sonados afectan de lleno al PSOE, desde los GAL, los ERE, el caso Roldán o el Isofotón hasta la trama de las mordidas en los contratos de mascarillas estallada hace escasas semanas que comenzó llamándose 'caso Koldo' y, como subraya Vox, «es la punta del iceberg» del 'caso PSOE'.

«Un asesor del Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos en plena pandemia se lucró a través de comisiones, del tráfico de influencias y en definitiva, del robo de millones de euros con los contratos de emergencia para la adquisición de equipos de protección individual», señala el partido, que explica que a partir de entonces «miembros del Gobierno presuntamente comenzaron una escalada de operaciones de compra de mascarillas con la excusa de salvar vidas, mientras que estas nunca llegarían a nadie por ser defectuosas o deficientes».

Una trama que ha salpicado a cuatro ministerios: el de Sanidad, el de Transportes, el de Interior y el de Hacienda. Por lo que Vox remarca, apoyándose en varios informes, «el papel del Gobierno como actos principal» de este presunto caso que se encuentra investigando la Audiencia Nacional.

Pero además de esto, el partido de Abascal también recoge en su texto las «sospechas sobre el posible uso de información privilegiada» por parte de María Jesús Montero, que habría utilizado información del Ministerio de Hacienda que dirige «para tratar de perjudicar a la oposición política» filtrando datos confidenciales de un particular, como es Alberto González, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De hecho este ya ha anunciado una querella contra la ministra de Hacienda por revelación de secretos.

Vox exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que adopte «medidas realmente tajantes para poner fin a la corrupción política que parece campar a sus anchas». Además de a promover el cese de Montero, insta también a realizar una auditoría de todos los contratos de emergencia celebrados durante los estados de alarma, así como una revisión de la «efectividad de la contratación centralizada como instrumento de ahorro» para el erario público.

Y finalmente, a derogar el artículo 2.17 del Real Decreto ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que, denuncia el partido, «ha servido como escudo del Gobierno para no dar cuenta de ninguna información» relativa al Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Además, la formación preguntará al Gobierno la cuestión durante la sesión de control del miércoles en el Congreso. Concretamente, la portavoz del grupo parlamentario, Pepa Millán, interpelará al ministro Félix Bolaños para saber «hasta dónde va a llegar el Gobierno para librar de la cárcel a los socialistas implicados en casos de corrupción», y el secretario general del grupo, José María Figaredo, a la ministra Montero para conocer las medidas que adoptará el Ministerio de Hacienda para combatir la corrupción.