Los letrados del Senado constatan la perversión de la amnistía: es inconstitucional pero hay que tramitarla

Los letrados del Senado emitieron este lunes un durísimo informe contra la ley de amnistía, a la que atribuyen «clara inconstitucionalidad», tanto «formal como material». Según ellos, la iniciativa es una «reforma de la Constitución encubierta» que contraviene varios principios, valores y derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna. Entre ellos, sus autores citan el valor superior de justicia, el principio de separación de poderes, el derecho fundamental de igualdad ante la ley y no discriminación y el principio de seguridad jurídica y legalidad penal.

No obstante, los expertos concluyen que la Mesa del Senado está «obligada» a admitir a trámite la proposición de ley de ley orgánica que fue aprobada el pasado jueves en el Congreso con 178 votos a favor y 172 en contra. De no hacerlo, sus miembros estarían incurriendo en un posible delito de prevaricación, según el documento, del que se trasluce cierto sentimiento de impotencia de los letrados. Eso sí, estos aconsejan a la Mesa que, en su acuerdo de admisión a trámite de la norma, se haga eco de «las dudas sobre su constitucionalidad advertidas por la Secretaría General de la Cámara (los letrados) y de la posible vulneración del derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución («Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal»).

El órgano de gobierno de la Cámara Alta estudiará en su reunión de este martes al mediodía ambos informes, que fueron solicitados por su presidente, Pedro Rollán. Por el contrario, el dictamen que demandó al CGPJ no llegará a tiempo para la reunión de este martes. El órgano de gobierno de los jueces pidió a la Cámara Alta más tiempo. El Pleno del CGPJ se reunirá este jueves para ver qué informe aprueban de los dos que han elaborado el vocal del sector conservador Wenceslao Olea contra la amnistía y de su compañera Mar Cabrejas, del sector izquierdista, a favor.

A finales de enero, Rollán encargó a los letrados un informe para conocer las consecuencias legales de vetar la tramitación de la proposición de ley de amnistía, como pide Vox. Lo que provocaría un choque inédito entre ambas cámaras legislativas.

El pasado jueves, en el Pleno del Congreso, Santiago Abascal recriminó a Alberto Núñez Feijóo que el PP no aproveche su mayoría absoluta en el Senado para poner pie en pared frente a la amnistía. Este lunes, el nuevo portavoz de Vox, José Antonio Fúster, insistió en ello: «La amnistía es un ataque frontal a la nación y a los españoles y nosotros tenemos la obligación de ir a un conflicto institucional», sostuvo.

El informe de los letrados a este respecto pone de manifiesto lo que ha venido contando El Debate. El artículo 104 del Reglamento del Senado establece que no está entre las funciones de la Mesa calificar un proyecto o proposición de ley previamente aprobado por el Congreso. Por el contrario, solo puede remitir la iniciativa a la comisión del ramo y abrir un plazo de enmiendas. Aun así, Vox amenaza con querellarse contra los miembros de la Mesa de la Cámara Alta si dan curso a la proposición de ley.

La secretaria general del Senado y letrada mayor es, desde enero, Sara Sieira, tras la jubilación del letrado Manuel Cavero. Sieira llegó al cargo procedente del Congreso, y con ella se llevó a varias letradas de su confianza que prefirieron seguirla antes que trabajar con el actual letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo. Este último fue el responsable del informe que sirvió a Francina Armengol para iniciar la tramitación parlamentaria de la amnistía en noviembre.

Curiosamente, una de las letradas que ha cambiado el Congreso por el Senado en este accidentado inicio de legislatura es Isabel Revuelta de Rojas. Ella fue uno de los tres letrados adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso que en enero elaboraron un informe muy crítico con esta ley de amnistía. En él cuestionaban su cabida en la Constitución y, en cualquier caso, opinaban que debía hacerse por el procedimiento de reforma de la Carta Magna. Ahora, Revuelta de Rojas es la letrada adscrita a la Comisión de Justicia del Senado.

El tiempo que durará la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, antes de ser devuelta al Congreso, ha cobrado mayor relevancia después de que Pere Aragonès decidiera convocar las elecciones catalanas el 12 de mayo. Es imprescindible que la ley haya sido aprobada definitivamente y publicada en el BOE para que entre en vigor. Y, por lo tanto, para que Carles Puigdemont pueda acreditarse como diputado del Parlamento catalán en la sesión constitutiva de éste, que tendrá lugar el 20 de junio. Los plazos van a estar muy justos, puesto que la norma saldrá de la Cámara Alta en los últimos días de mayo como pronto, y es más posible que sea en junio.