El vocal Enrique Lucas se desmarca de los dos informes sobre la amnistía que el CGPJ debate este jueves

Habrá una tercera vía, intermedia, entre las dos posiciones enfrentadas sobre la «inconstitucionalidad» de la amnistía, con las que arrancará el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocado este jueves, a las 10.00 horas. Según ha podido saber El Debate, en primicia, el vocal Enrique Lucas Murillo de la Cueva, propuesto por el PNV en 2013, ha comunicado al resto de los miembros del órgano su intención de plantear «objeciones» a sendos informes, confeccionados por Wenceslao Olea y Mar Cabrejas, sobre la Proposición de Ley del PSOE, a petición del Senado.

El catedrático de Derecho Constitucional se desmarca, por lo tanto, del resultado final de la votación y se reserva la posibilidad de registrar un voto particular sobre la norma.

La posición de Enrique Lucas, sin embargo, «no afectará» al texto que cuenta con el respaldo mayoritario de los miembros del Consejo, el del vocal profesional Wenceslao Olea que, tal y como adelantó este diario, contará con nueve votos favorables, frente a los cuatro del bloque izquierdista, una vez que se ha conocido que uno de sus vocales difiere de ambos dictámenes sobre el encaje legal de la polémica ley en nuestro ordenamiento.

En esta deliberación «no cabe abstenerse» aunque «sí es factible votar en blanco», apuntan las fuentes consultadas por El Debate. Aunque, de acuerdo con estas mismas fuentes, el vocal que opte por este último escenario «perdería la posibilidad de registrar un voto propio» y tan sólo podría «dejar constancia de los motivos que le han llevado a tomar su decisión, en el acta de la sesión».

El Pleno arrancará con una exploración inicial de las posiciones de cada uno de los miembros del CGPJ sobre cada una de las ponencias planteadas para su análisis. Y, una vez confirmado cuál recibe, como mínimo, el respaldo de ocho de ellos, se procederán a formular las enmiendas o aportaciones necesarias hasta alcanzar el informe definitivo para su remisión al Senado.

Así las cosas, en las próximas horas, el CGPJ se sumará a la larga lista de organismos e instituciones que, hasta la fecha, han rechazado la constitucionalidad de la Proposición de Ley de Amnistía impulsada por el grupo parlamentario socialista, precisamente, con el objetivo de evitar los informes técnicos desfavorables que se han ido conociendo en los últimos días y que habrían sido preceptivos si el Gobierno hubiese liderado la iniciativa, como Proyecto de Ley.

Sobre la mesa del CGPJ la «deficiente técnica jurídica» del texto normativo «contrario a los principios de igualdad, de seguridad jurídica, de oficialidad y acusatorio», que Sánchez aspira a sacar adelante por una «mera motivación política».

Son tales los defectos de los que adolece la Ley de Amnistía, que las conclusiones de la ponente Cabrejas –pese a considerar que «el silencio constitucional» sobre este tipo de leyes no supone «una prohibición expresa» de la misma– alertan en su propuesta de hasta cuatro escollos importantes que complican la viabilidad de la norma y, de resultar aprobada, su posterior aplicación.

Una ley «arbitraria» y «oportunista»

La propuesta de Wenceslao Olea, que ha concitado el acuerdo de una amplia mayoría de los vocales del CGPJ, citados este jueves, concluye que «la motivación de la amnistía tiene, como causa directa e inmediata», el acuerdo alcanzado el pasado 9 de noviembre de 2023 entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont. «La invocación a un pretendido interés general o se asimila con los intereses de ese acuerdo o se deja sin explicar, sin que quepa extraerlo de ninguna otra circunstancia», asegura.

«La Constitución, al excluir de manera consciente la amnistía, exige al legislador que justifique la adecuación de la proposición de ley orgánica a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la norma fundamental impone a la potestad legislativa, lo que no se aprecia en el texto de la norma proyectada», advierte el ponente conservador. En este sentido, también pone de manifiesto que «ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho».

Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria elegida, por la vía de urgencia, la propuesta de informe del consejero del sector mayoritario considera que «es arbitraria y que no se motiva su urgencia, debiendo haberse optado por la vía del proyecto de ley, atendida la excepcionalidad jurídica y la trascendencia social del asunto». Un aspecto en el que también ha incidido, con especial intensidad, la Comisión de Venecia en su veredicto definitivo sobre la norma.

«La proposición de ley orgánica socava el derecho a la igualdad, ya que no se justifica en los adecuados términos de idoneidad y proporcionalidad el trato diferencial más beneficioso de los sujetos abarcados por la amnistía en relación con el resto de los ciudadanos, toda vez que el fundamento que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario», alerta el informe del CGPJ que parte como favorito.