La Comisión de Venecia concluye que las amnistías no pueden diseñarse para beneficiar a individuos concretos

La Comisión de Venecia considera que la amnistía debería aprobarse por una mayoría reforzada del Congreso y no por una mera absoluta. Tan sólo un día después de que la Ley pactada entre el PSOE y Junts para el borrado penal del procés resultase aprobada en la Cámara Baja, antes de ser remitida al Senado, el órgano consultivo del Consejo de Europa ha emitido su dictamen final sobre la polémica norma. La Comisión cuestiona, como ya lo hizo en anteriores ocasiones, que la vía de urgencia haya sido elegida para su tramitación, como Proposición de Ley de un grupo parlamentario en lugar de recurrir a un Proyecto gubernamental que hubiera exigido los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal.

La Comisión de Venecia ha reiterado, además, que las leyes de amnistía no deben ser diseñadas para beneficiar a individuos concretos, según ha podido saber EL DEBATE de fuentes conocedoras del caso. Un matiz que pone la lupa en las últimas enmiendas del texto, exigencia de los separatistas catalanes, para garantizar que su líder Carles Puigdemont quede incluido en la misma.

Aunque el contenido íntegro del dictamen no se conocerá, con toda probabilidad, hasta el próximo lunes por la tarde –para poder cumplir con la costumbre de distribuirlo traducido a varios idiomas– este diario ha podido conocer algunas de las recomendaciones formuladas por los miembros de la plenaria, para ajustar la iniciativa al marco europeo. Entre ellas, la necesidad de acotar el alcance tanto material, como temporal, de la aplicación de la norma sobre la que «el legislador español no ha proporcionado una explicación de por qué las fechas elegidas son las más apropiadas». Llegando incluso a aconsejar la reducción del «horizonte» comprendido entre las mismas.

La Comisión de Venecia insta la necesidad de establecer una relación más directa entre los actos preparatorios de los dos referendum separatistas que se organizaron en Cataluña en los años 2014 y la consulta inconstitucional del 1-O de 2017 y los actos de malversación y corrupción que quedarían amnistiados.

Tampoco es menor la exigencia de concretar el delito de terrorismo y qué tipología del mismo quedarían penalmente borradas, una vez excluidas las violaciones graves de derechos humanos. Una cobertura demasiado vaga, de acuerdo con la redacción de la norma actual, a juicio de la Comisión.

La Comisión ha escuchado, antes de comunicar su veredicto, tanto al presidente del Senado, Miguel Rollán, como a la secretaria segunda de la Cámara Baja, Isaura Leal. Hasta Italia se han desplazado, también, los senadores socialistas, Antonio Gutiérrez Limones y Ángeles Luna, y el popular Javier Maroto, como vicepresidente primero de la Mesa.

Cabe recordar que hace unas semanas trascendía un primer borrador del trabajo de la Comisión, cuyo dictamen es meramente orientativo, que provocó una agria polémica a raíz de la interpretación formulada por el Gobierno tras asegurar que el órgano europeo daba su visto bueno al texto de la norma y a su encaje legal, sin matices, en el marco del ordenamiento comunitario. Una valoración que fue inmediatamente desmentida por juristas y expertos que tacharon de «deslealtad» las filtraciones del Ejecutivo; y, duramente combatida desde el Partido Popular como principal partido de la oposición.

No en vano, fue el Senado español, con mayoría de los populares, a través de su presidente, el que trasladó al órgano del Consejo de Europa un total de seis preguntas concretas para fijar los estándares de compatibilidad entre la eliminación de las responsabilidades penales de los líderes políticos del procés, algunos de ellos reclamados e investigados por delitos contra la seguridad del Estado y terrorismo, con las bases del propio Estado de Derecho, como la separación de poderes, el imperio de la ley o la independencia judicial.

En este último sentido, según fuentes de la propia Presidencia del Senado, el Pleno de la Comisión de Venecia ha aceptado introducir las enmiendas propuestas por la Cámara Alta tras detectar que «la Ley de Amnistía permite que algunos delitos de terrorismo tipificados como tales por las directivas europeas puedan ser ahora amnistiados». No en vano, Pedro Rollán se ha mostrado muy satisfecho con el resultado obtenido en el que, a su juicio, queda claro que dada la trascendencia de una norma del calado de la analizada no hay dudas sobre que debería haberse abordado «desde una reforma constitucional previa».