Acordonan y desalojan la embajada de Ucrania en Madrid por segunda vez
La Fiscalía pide 22 años de prisión para el jubilado que mandó cartas bomba a embajadas y ministerios
El acusado protestaba así por la ayuda de España a Ucrania
La Fiscalía pide 22 años de cárcel para Pompeyo González, el hombre de 74 años detenido en Burgos por el envío en 2022 de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a la embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé le acusa por estos hechos de un delito de terrorismo (10 años) y de otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos (12 años), y pide también para él una medida de seis años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de cárcel.
Le reclama además el pago de una indemnización de 1.500 euros para el trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manejar la carta que envió allí el acusado.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicita por su parte para el jubilado de Miranda de Ebro (Burgos) la pena de 24 años de cárcel por los mismos delitos y recuerda que el hombre «contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España» construyó artefactos que remitió por correo postal a varias instituciones.
La AVT explica en su escrito de acusación, al que también ha tenido acceso Europa Press, que los artefactos explosivos tipo «artefacto postal» fabricados por el procesado presentaban similitudes en su estructura y composición y «tenían una activación mecánica, iniciación pirotécnica y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento».
«Pompeyo González Pascual, contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, por el de los Estados Unidos de América, así como por otras instituciones radicadas en territorio nacional, con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos, y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española», elaboró dichos artefactos en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos), relata la fiscal en su escrito de acusación.