La primera bomba que explotó fue enviada a la embajada de Ucrania en Madrid
El juez acusa de terrorismo al jubilado que mandó las cartas bomba a Sánchez y al Ministerio de Defensa
El acusado se encuentra en libertad desde el pasado mes de abril porque el juez considera que ya no puede destruir más pruebas
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido procesar por terrorismo al hombre de 74 años detenido en Burgos acusado de enviar seis cartas bomba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a la Embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
Para el juez Calama los hechos son constitutivos de un delito de terrorismo y otro de fabricación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
Ambos delitos se atribuyen al procesado en su modalidad agravada al tener en cuenta que los envíos se dirigieron expresamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa.
En cuanto a la finalidad terrorista de estas acciones, la de trasladar el mensaje de amenaza a la población por el apoyo a Ucrania, el juez cree que viene determinada «de forma indiciaria» por el contenido de las páginas web consultadas por el procesado todas ellas vinculadas a Rusia o a especialistas en fabricación de armas y explosivos.
En libertad provisional
El magistrado detalla todos los indicios que sitúan al investigado, actualmente en libertad provisional, como autor del envío de los explosivos, entre ellos el registro en su casa, donde se hallaron varias varillas cilíndricas que pueden corresponder con el mismo tipo de cilindros que alojaban en su interior el pistón incendiario de los artefactos explosivos.
También fueron encontrados diferentes tornillos junto con muelles similares al «percutor» que se utilizó en los artefactos incendiarios; y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas para su elaboración.
Pero la prueba definitiva para su inculpación fue el seguimiento al que fue sometido el acusado por parte de la Policía Nacional tal y como explicó El Debate el pasado domingo.
El acusado lleva en libertad desde el pasado 14 de abril tras casi tres meses en prisión preventiva desde su detención en enero. El juez consideró que en el punto en que se encontraba la investigación no existía ya riesgo de destrucción de pruebas.
Para garantizar su presencia en un futuro juicio, le impuso la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte, y la obligación de fijar un domicilio donde ser localizado
