Eugenio Ribón: «La publicación de información confidencial por la Fiscalía es de una gravedad sin precedentes»

En sus más de veinte años de experiencia como letrado, el actual decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el mayor de Europa con más de 75.000 colegiados, nunca había enfrentado un caso similar. El pasado lunes 18 de marzo, Eugenio Ribón comparecía ante los medios para comunicar las decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno de la entidad tras conocerse que la Fiscalía Provincial de Madrid reveló datos confidenciales de un particular, que resultó ser la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de un procedimiento reglado, para llegar a un acuerdo con éste en el caso de una investigación abierta por Hacienda contra él. El Debate entrevista a Ribón tras conocerse que el ICAM ha presentado una denuncia penal para que se depuren las correspondientes responsabilidades en lo ocurrido.

- Usted fue elegido decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, en diciembre de 2022. ¿Alguna vez imaginó tras asumir la responsabilidad que se vería en la tesitura de denunciar a la Fiscalía?

- Ya en nuestro discurso de toma de posesión declaramos, solemnemente que «esta Junta de Gobierno no solo está llamada a gestionar con eficacia nuestra noble Corporación sino a reivindicar y defender el Estado de Derecho y la dignidad de la propia Abogacía». Y, desde el diálogo, la empatía y la tolerancia pero, también, desde la firmeza más absoluta ante derechos irrenunciables, cumpliremos esa misión para la que hemos recibido la confianza de los compañeros que integran el mayor colegio profesional de Europa. Por tanto, aunque no podía anticipar entonces esta tesitura concreta, el deber y responsabilidad que asumía jurando el cargo como decano lo tenía meridianamente claro.

Permítame añadir que en el acto institucional más relevante y emotivo de los que celebra el Colegio, el de la Jura de nuevos letrados, recordaba en mi discurso a los jóvenes que se incorporan a nuestra profesión el compromiso que asumimos al colegiarnos. «La toga tiene su alma, su espíritu es el espíritu de la Justicia», son palabras del libro El alma de la toga, escrito por el decano D. Ángel Ossorio y Gallardo, en 1919, cuyo retrato preside mi despacho, junto a otros dos grandes decanos: D. Manuel Cortina y D. Melquiades Álvarez.

Respondiendo a su pregunta, soy muy consciente de los valores a los que me debo como decano de la Abogacía de Madrid y como abogado. Por eso, ante tesituras como ésta, aunque ciertamente es bastante insólito tener que verse obligado a denunciar al Ministerio Fiscal, no tuve ninguna duda de cuál debería ser el sentido de nuestras actuaciones.

-¿Qué ha llevado a la Junta de Gobierno a tomar dicha decisión?

- La extrema gravedad, inédita, de la nota institucional difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de un comunicado oficial, revelando datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas, contenido de conversaciones, reuniones,... y produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados.

La divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal.

La publicación de dicha información por parte de la Fiscalía no solo constituye una vulneración sin paliativos, del artículo 4. 5º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece, como pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo, y a los derechos de los afectados, sino que también incumple flagrantemente el Protocolo de Actuación para Juicios de Conformidad entre el Ministerio Fiscal y el cuerpo de letrados, regulado en la Instrucción 2/2009 de la Fiscalía General del Estado. Un procedimiento reglado para agilizar los procesos judiciales cuando las partes involucradas llegan a un acuerdo antes del juicio.

El proceso es voluntario y en él se establecen los mecanismos y las garantías de las partes para facilitar un acuerdo entre la defensa y la acusación. Una de las exigencias que establece este protocolo es la asunción de responsabilidades por parte de la defensa para poder iniciar el correspondiente acuerdo con la Fiscalía.

La filtración de la Fiscalía constituye una vulneración, sin paliativos, (...) del deber de reserva (...) y de los derechos del afectado

- Tanto usted como la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española asistieron a una reunión convocada por el fiscal general para tratar de zanjar la polémica. ¿Se sintieron incómodos ante la petición?

- Desde luego no fue una reunión fructífera. El ICAM mantiene, como no puede ser de otro modo, una colaboración leal con todas las instituciones y operadores jurídicos. Sin embargo, ante unos hechos de esta gravedad, esperábamos una asunción de responsabilidades y propuestas de enmendar el daño hecho. La realidad es que nos encontramos: por un lado, con una victimización por parte del Ministerio Fiscal como excusa para justificar estos graves hechos; por otro, con un planteamiento inasumible de un comunicado conjunto para normalizar la situación. El ICAM, en defensa de sus colegiados y del derecho de defensa, no podía en ningún caso ser partícipe de ese pacto, aunque evidentemente la situación no fuera ni cómoda ni agradable.

- ¿Cuáles son las consecuencias para los colegiados de su decisión de abandonar el Protocolo de Actuación para los Pactos de Conformidad? ¿Cómo cree que pueden reforzarse los mecanismos de confidencialidad?

- Que el ICAM se haya desvinculado, temporalmente, de este Protocolo suscrito con la Fiscalía General del Estado, no obsta ni impide el acceso a este instrumento por parte de aquellos profesionales de la Abogacía que, en interés del derecho de defensa de sus clientes, entiendan que procede. En todo caso, el Colegio ha trasladado la advertencia expresa a todos los ejercientes en la jurisdicción penal para que extremen las cautelas en cualquier información escrita con el Ministerio Fiscal.

Además, hemos puesto a disposición de los colegiados un nuevo escrito-modelo para que, previo al inicio de conversaciones para llegar a un pacto de conformidad, tanto los abogados como el Ministerio Fiscal firmen un compromiso relativo al deber de confidencialidad y se obliguen a mantenerlo hasta, eventualmente, llegar a dicha conformidad.

- La Junta General ha avalado su primer año de gestión y aprobado los nuevos Presupuestos, ¿está satisfecho?

- La Junta de Gobierno del ICAM ha desplegado una intensa actividad durante este 2023 buscando siempre mejorar las condiciones de la Abogacía de Madrid e impulsar el peso y la eficacia del Colegio. El balance de estos 12 primeros meses incluye logros concretos como plazas de aparcamiento en comisarías y juzgados para la abogacía de oficio, nuevas salas en los Juzgados de Plaza Castilla y mejora en las de Princesa, que duplican su espacio, o el impulso a reformas legales para la conciliación, entre otras muchas.

En el plano institucional, se han mantenido encuentros y reuniones de trabajo con todos los poderes públicos y con la sociedad civil y hemos culminado la mayor inversión en la historia del ICAM como ha sido la compra del edificio íntegro de nuestra sede en Serrano, 9. Todo ello, sin subir las cuotas de nuestros colegiados.

- ¿Cuál es la medida de la que se siente, personalmente, más satisfecho desde su llegada como decano?

- Estoy honestamente satisfecho de la cohesión y compromiso de la Junta de Gobierno. Pero, sobre todo, de la respuesta de apoyo mayoritario que estamos recibiendo de nuestros colegiados en lo que se refiere a la defensa del Estado de Derecho y nuestra Constitución; la defensa del secreto de las comunicaciones, como baluarte del derecho de defensa; a la ampliación de espacios para la Abogacía, en las sedes judiciales; a los programas de bienestar implementados; al nuevo impulso dado a la Fundación ICAM Cortina, siempre cercana a aquellos compañeros que atraviesan dificultades; a la adquisición de la nueva sede colegial de Serrano 9,...

Como Decano del ICAM, me siento profundamente orgulloso y agradecido por la respuesta recibida ante nuestra Declaración Institucional en Defensa del Estado de Derecho, del pasado 9 de noviembre. La rápida adhesión de las principales firmas jurídicas españolas, seguidas por despachos internacionales y miles de profesionales es testimonio de una profesión unida. Cada una de ellas es un recordatorio de nuestro deber sagrado como abogados: defender los derechos y libertades fundamentales.

- ¿Cuáles son los principales retos de la Junta de Gobierno que preside en 2024?

- La Justicia, como uno de los tres poderes fundamentales del Estado, se enfrenta actualmente a desafíos críticos que requieren de una acción decidida y conjunta. Desde el ICAM, observamos con preocupación la situación actual de la Justicia, marcada por la necesidad de modernizar el sistema, mejorar las condiciones de nuestros colegiados, especialmente en el Turno de Oficio y garantizar la seguridad jurídica. Y no son sólo aspiraciones sino necesidades imperiosas para el buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho.

[En la reunión con el fiscal general] Nos encontramos: por un lado, con una victimización como excusa para justificar unos hechos muy graves; por otro, con el planteamiento inasumible de un comunicado conjunto para normalizar la situación

- Recientemente se ha aprobado una reforma sobre la Justicia que está recibiendo numerosas críticas, ¿cómo la valora la Abogacía?

- El fin abrupto de la pasada legislatura dejó un conjunto de leyes sin terminar de tramitarse con un hondo calado en la Justicia y la Abogacía: la ley orgánica del derecho de defensa, las de eficiencia procesal y eficiencia digital, la de mediación y de reforma de la función pública... El ICAM ha registrado en el Congreso una batería de propuestas para que estas reformas logren, no sólo salvaguardar los derechos e intereses de la Abogacía sino, también, que la Justicia deje de encontrarse entre los servicios públicos peor valorados por la ciudadanía.

- ¿Entiende las reivindicaciones de los funcionarios judiciales que exigen mejoras laborales y retributivas?

- Durante el último año hemos sido testigos de cómo las huelgas en la Administración de Justicia han tenido un impacto devastador, tanto para la sociedad en general —ciudadanos y empresas—, como para todos los sectores de nuestra profesión. Los datos hablan por sí solos: la suspensión de más del 35% de los señalamientos durante los conflictos laborales. Desde el ICAM llevamos tiempo pidiendo un Pacto de Estado para el correcto funcionamiento de la Justicia que restaure la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

- En el ICAM han sido especialmente sensibles a la Ley de Amnistía en marcha…

- Desde hace meses venimos alertando de la vulneración de principios básicos como la seguridad jurídica, la separación de poderes, independencia judicial y la igualdad ante la Ley que, a nuestro juicio, representa esta Proposición, nacida de un pacto de gobernabilidad, y su anómala tramitación. Nuestra intención es denunciar la norma, si llega a aprobarse, ante las autoridades comunitarias por una posible vulneración del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Desde la absoluta neutralidad política que preside el Ilustre Colegio de la Abogacía, al incorporaros a esta profesión juramos o prometimos defender la Constitución y el Estado de Derecho de acuerdo como marcan nuestros fines estatutarios.

Juntos, como una comunidad jurídica unida, estamos enviando un mensaje claro y contundente: en defensa del Estado de Derecho, no se puede dar ni un paso atrás

- El Colegio ha encargado a la ex presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas su mediación en el caso de los abogados mutualistas que luchan por el paso al régimen de autónomos, ¿por qué?

- En junio de 2023, manifestamos nuestro apoyo a las demandas de los mutualistas con prestaciones de jubilación insuficientes, y ahora dado un paso significativo para aportar una solución a un problema muy complejo como es el encargar a María Emilia Casas, con una destacada experta en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y expresidenta del Tribunal Constitucional. Su tarea pasa por elaborar una propuesta legislativa para la creación de una pasarela voluntaria hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la posibilidad de recuperar aportaciones realizadas, minimizando el impacto fiscal.

Desde el ICAM, nos comprometemos a ofrecer una solución legislativa equitativa, que facilite el paso de nuestros mutualistas hacia el RETA bajo condiciones justas, sin comprometer los intereses de aquellos que han contribuido más allá de los mínimos a la Mutualidad. Todos nuestros colegiados pueden compartir sus propuestas con esta Junta de Gobierno. El diálogo será fundamental para lograr una propuesta viable.