Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox)
PP y Vox presentan la Ley de Concordia de Castilla y León que pretende desbancar la Ley de Memoria Democrática
El nuevo texto, que se aprobará en abril, incluye a todas las víctimas de la violencia política desde 1931 hasta la actualidad
Después de no pocas polémicas y muchas reuniones para acordar los puntos, los grupos parlamentarios del PP y Vox en las Cortes de Castilla y León han registrado este martes la proposición de ley autonómica de Concordia, que derogará el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática que aprobó el último Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera (PP) en consonancia con la Ley de Memoria Democrática.
Los portavoces parlamentarios del PP, Raúl de la Hoz, y de Vox, Carlos Menéndez, han argumentado que el texto da cumplimiento al punto del acuerdo de coalición que preveía «reivindicar» la «historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarlas para dividir a los españoles».
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Para ello, han extendido el periodo que recoge desde el año 1931 hasta 1978, aunque, como ha afirmado el portavoz popular, no pretende equiparar momentos históricos como la II República y la Guerra Civil y posterior dictadura franquista.
Incluye a «todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de persecución ideológica y religiosa desde el año 1931». Esta nueva norma otorga el mismo régimen de protección y de reconocimiento a «las víctimas de la II República y del terrorismo» que a las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura de Franco.
De la Hoz (PP) ha remarcado al inicio de su comparecencia que esta iniciativa pretende apartarse del cariz «frentista» que observa en la Ley de Memoria Democrática estatal.
Para el portavoz de Vox, se trata de «un texto sin ideologías, que no divide y que respeta a todas las víctimas, donde se da el mismo trato a todas las víctimas».
La normativa para la recuperación de las personas desaparecidas se mantiene igual que estaba en el decreto anterior con la única salvedad de que la Comisión de Exhumaciones también tendrá poder de decidir, más allá de la única competencias de información que tenía hasta ahora.