El separatismo retoma la exigencia de un referéndum inconstitucional, con la amnistía en trámite

Ni un ápice de arrepentimiento o de reconciliación del separatismo catalán, pese a que así planteó Pedro Sánchez la necesidad de una Ley de Amnistía que ya está en trámite parlamentario. Y aunque el PSOE lo niega, desde las filas de ERC, como hiceron en su día los de Junts, insisten en que su partido ya está negociando con los socialistas un «referéndum acordado con el Estado» como «segunda fase» a la resolución del «conflicto político». «Somos obstinados y seguiremos negociando las condiciones para un referéndum pactado», añadía este pasado fin de semana la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira. La realidad es que pese a la puesta en marcha del borrado penal del procés, con la unanimidad de los informes técnicos en contra de su encaje legal, el independendismo ha recuperado la vía unilateral que ya fue resuelta y rechazada, incluso antes de 2017, por el Tribunal Constitucional.

La sentencia 103/2008 de la Corte de Garantías, sobre la Ley Vasca de consultas populares, fue clara acerca de la imposibilidad de plantear un referendum autonómico sobre la independencia de su terrirorio. Ni siquiera aunque éste fuese «no vinculante» sino una «mera consulta», como en más de una ocasión han tratado de sugerir los partidos secesionistas. La «indisolubilidad de la nación» estaba en la base de aquel fallo y ha venido condicionando, de manera «inequívoca» la doctrina vigente en esta materia, según recuerda el magistrado Manuel Aragón.

«Sobre los asuntos decididos por el Poder Constituyente no cabe más referéndum que el del artículo 168 de la Constitución» española. Por lo tanto, cualquier otra «hipótesis», afirmaba públicamente el exjuez del TC, es imposible. No caben más referéndum autonómicos «que los regulados por el Estado» y «autorizados» por éste, siempre que sean «sobre cuestiones propias del ámbito de la autonomía», mientras la Constitución actual esté en vigor.

Ni aunque se llamen «consulta pactada», ni por la vía de un pretendido artículo 92 de la Carta Magna que se refiere, de manera expresa, al referéndum posible entre «todos los ciudadanos», entendidos como el conjunto de todo el pueblo español. «Donde la ley no distingue, nosotros no podemos distinguir», sostiene Manuel Aragón, anticipándose a lo estipulado en el acuerdo de los socialistas con Esquerra y también en el de estos con Junts.

Cabe recordar que los de Carles Puigdemont apuntaron a que su propuesta pasa por «la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución». Es decir, acordado con el Gobierno, convocado por el presidente y haciendo uso de un mecanismo que está reservado para el análisis de las «leyes generales» de todo el Estado y, en todo caso, «sólo para actos que pueda adoptar el Poder Constituído», advierten varios juristas consultados por El Debate.

También en el pacto alcanzado entre el PSOE y ERC, para la reciente investidura de Pedro Sánchez, ya se especificaba que la mesa de negociación bilateral debía servir para «abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán». «Puedo entender que el presidente tenga un posicionamiento de máximos, pero hay que abordar el fondo de la cuestión del conflicto. También había una línea roja hacia la amnistía y hoy es una realidad», afirmó entonces Pere Aragonès.

Sea como sea, los independentistas catalanes están convencidos de que en esta legislatura votarán, más allá de la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas del próximo 12-M. Y lo harán, una vez más, desbordando la soberanía nacional, el marco legal y a pesar de las líneas rojas jurisprudenciales marcadas por el Tribunal Constitucional que, sin embargo, ya fue renovado a la medida de sus exigencias por obra y gracia de Pedro Sánchez.