El fiscal general del Estado se niega por tercera vez a informar al Senado sobre la amnistía

Tercer intento y tercera negativa. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a descartar la posibilidad de que el Consejo Fiscal informe al Senado sobre la Ley de Amnistía, al insistir en que carece de competencia para emitir informes sobre «proposiciones de leyes que hallen en tramitación en sede parlamentaria». Y ello pese a que la mayoría del Consejo Fiscal ha sostenido en todo momento que la posición de su titular implicaba usurpar funciones que le son propias como órgano colegiado. Así las cosas, una vez más, García Ortiz ha servido de cortafuegos al Gobierno para que su texto normativo no reciba un nuevo revés jurídico, como sería previsible en línea con los de la Comisión de Venecia o el del CGPJ, en las fases previas de su aprobación.

El jefe del Ministerio Público ha reiterado su negativa a la Cámara Alta en una misiva firmada este mismo lunes, después de que el pasado 27 de marzo la Mesa del Senado -con mayoría del Partido Popular- volviera a pedir al Consejo Fiscal un informe sobre la norma que pretende amnistiar una década del proceso independentista catalán, tras sendos intentos fallidos.

Para García Ortiz, el acuerdo en el que se reitera la solicitud adolece de «fundamentación alguna, pese a los argumentos esgrimidos en la carta» que envió el 25 de enero. En este sentido, ha vuelto a alegar la «inviabilidad de que el Consejo Fiscal emita informe en relación con la referida proposición de ley orgánica en atención a los motivos ya expuestos en mi anterior comunicación».

En la respuesta dada el pasado mes de enero, el fiscal general explicaba que había un «obstáculo legal» para informar al Senado -en referencia a la falta de competencia del Consejo Fiscal- , pero admitía que, aunque la Fiscalía sí podría redactarlo, tampoco lo haría para no «alterar» el funcionamiento del Ministerio Público de cara a futuros litigios.

García Ortiz argumentaba que el artículo 14.4.j del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «únicamente prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar de proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público».

«No está legalmente prevista, por el contrario, su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento», sostenía en una primera ocasión que recibió las críticas abiertas de la mayor parte de la cúpula fiscal que calificaron sus razones de «político-partidistas».

El fiscal general aclaró entonces que en este caso no era posible cooperar con el Senado por «el objeto y la trascendencia jurídica de la iniciativa legislativa», ya que cuando la amnistía entre en vigor «conllevará la fijación de criterios unitarios de actuación» de la Fiscalía en los tribunales. Y ello, pese a que hace ya algunos meses que el titular del Ministerio Público reclamó, a todos los tribunales catalanes, las causas archivadas, sentenciadas y abiertas contra el procés, susceptibles de beneficiarse del borrado penal pactado entre Pedro Sánchez y sus socios de Junts y Esquerra (ERC).

García Ortiz incidió en que un informe sobre la proposición de ley orgánica de amnistía emitido por el fiscal general del Estado supondría «alterar el normal funcionamiento de la institución, invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones». Sin embargo, tanto los seis consejeros de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), como el representante de la Asociación Profesional (APIF) han instado en varias ocasiones a su superior para que desbloquee su negativa y ponga en marcha los mecanismos legales para que sea el Consejo Fiscal el que se pronuncie sobre la polémica norma.