El Supremo pregunta a la Fiscalía si mantiene un informe de la número dos de García Ortiz donde lo defiende

El Partido Popular registró formalmente, a principios del mes de abril, una querella contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunta prevaricación al ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría del Ministerio Público, como fiscal de Sala Togada de lo Militar del Tribunal Supremo. Dos semanas más tarde, la Fiscalía respondió con un informe, confeccionado por la teniente fiscal del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde, de inadmisión de la acción penal al no ver indicios de delito alguno en la decisión de su jefe.

Sin embargo, los populares registraban hace unos días un nuevo escrito ante el Alto Tribunal en el que pedían que no se tuviese en cuenta el documento de Sánchez Conde, tras poner en conocimiento de la Sala de Admisiones de lo Penal que ella misma habría podido incurrir en una falta disciplinaria grave –de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio– al no haberse abstenido en la votación del Consejo Fiscal para el nombramiento de Delgado quien, a su vez, la había designado.

A juicio del PP este hecho previo inhabilitaría, ahora, a la número dos de la Fiscalía para pronunciarse en defensa de su superior, así como para intervenir en una futura y eventual causa, de producirse la admisión. Así las cosas, y según ha podido saber El Debate, la pasada semana, la Sala de lo Penal ha dado un nuevo traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre este detalle e indique si mantiene a Sánchez Conde y confirma su oposición a la querella o, por el contrario, decide reemplazar a la autora de la misma y plantear un nuevo escrito. de un nuevo fiscal, como respuesta.

Cabe recordar que los 'populares' solicitan al Alto Tribunal que admita su querella y practique una batería de diligencias, incluido que reclame a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo la sentencia en la que apreció «desviación de poder» por parte de García Ortiz para ascender a su antecesora.

Dolores Delgado y Pilar LLop, testigos

También pide a los magistrados que llamen a declarar como investigado al fiscal general y que citen como testigo –además de a la propia Delgado y a la exministra de Justicia, Pilar Llop– al fiscal Luis Rueda, «candidato perjudicado» por la decisión adoptada por García Ortiz. Además, solicita que se sume al procedimiento el informe del Consejo Fiscal sobre la votación por la que se consideró que el candidato idóneo para la cobertura era Rueda «por encima» de Delgado.

El PP defiende que la actuación de García Ortiz es «susceptible de ser calificada» de un delito de prevaricación porque obró con «arbitrariedad». «En primer lugar, el hecho que se apartó del parecer del Consejo Fiscal –que respaldó por mayoría al otro candidato, D. Luis Rueda–», señala al tiempo que incide en que «lo hizo además sin ningún esfuerzo argumentativo, sin respaldo normativo y sobre la base de unos méritos ajenos a la jurisdicción militar exclusivamente amparados en su exclusiva obstinación personal».

Una propuesta «arbtiraria»

Así las cosas, los populares insisten en su tesis de que el fiscal general «formuló su proposición a sabiendas de que Dolores Delgado no era la candidata idónea para la cobertura de la vacante». Según los 'populares', García Ortiz la propuso «de forma arbitraria y pese a no ser la candidata mejor posicionada».

Así, el PP señala que Delgado «cumplía los requisitos mínimos para ser considerada para la vacante y para ser ascendida a la máxima categoría de la carrera fiscal, al pertenecer a la segunda categoría de la carrera fiscal y contar con al menos veinte años de servicio en la carrera fiscal». Sin embargo, también lo es que el otro candidato «cumplía estos mismos requisitos y, además, tenía experiencia en la jurisdicción militar», recalcó el PP en su texto.

Los 'populares' explican que, habiendo dos candidatos para una sola plaza, y al poder proponerse solamente a uno de ellos, «es forzoso proponer al candidato que ofrezca un grado mayor de cumplimiento de los requisitos, aunque el otro los reúna mínimamente». «En tal caso de competencia, el que reúne el mínimo, no reúne los requisitos exigidos», subraya el PP.

Por todo ello, el PP asegura que el querellado hizo uso de su facultad de proponer al fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo para dos finalidades: «Pagar una deuda personal de gratitud» con Dolores Delgado y «procurar que la anterior fiscal general del Estado se reincorporara a la carrera fiscal en la más elevada categoría, pese a que no existe previsión legal de que esto deba ser así».

«Tocaba pagar los favores recibidos»

En su querella, el PP señala de forma reiterada que Álvaro García ascendió a Delgado porque «tocaba pagar los favores recibidos», tras haber sido nombrado fiscal general. «Para ello, en cumplimiento, a buen seguro, de promesas anteriormente hechas, el querellado se empecina en proponer al Gobierno la promoción de su anterior jefa a la condición de Fiscal de Sala, así como su nombramiento como Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo», agrega.

Según el PP, el querellado «antepuso su criterio personal, subjetivo y arbitrario a la opinión estrictamente técnica, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, formulada por el Consejo Fiscal», a la hora de proponer la designación de Delgado para ser ascendida de categoría y nombrada Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

«Sabido es que se trata de una plaza ampliamente conocida por su 'comodidad' en cuando a la intensidad de los quehaceres cotidianos y buena remuneración. Es decir, un destino 'tranquilo' y bien pagado en el que se goza de los máximos beneficios y distinciones que la carrera fiscal ofrece en España a sus miembros», agrega el PP en su escrito.

Reiterados «actos de corrupción»

Por todo ello, el partido de Alberto Núñez Feijóo insiste en que el querellado «cumplió» con su palabra y «devolvió los favores recibidos» a Delgado, guiándose «exclusivamente por su pasión hacia la beneficiaria», según dice el PP que declaró, y «valiéndose para ello de su cargo público y sirviéndose del ejercicio arbitrario y caprichoso de las prerrogativas que le correspondían por su condición de Fiscal General del Estado».

«Es decir, pagó con un cargo público los favores recibidos de la señora Delgado hasta llegar a ser nombrado fiscal general del Estado siendo una candidata que reunía objetivamente menores merecimientos que otro miembro de la carrera fiscal concurrente con ella en el procedimiento para ser destinataria del ascenso en la carrera fiscal y posterior nombramiento en la Sala Quinta del Tribunal Supremo», insiste el PP.

Los 'populares' consideran que estos hechos «constituyen actos de corrupción en el uso de la prerrogativas que le corresponden como fiscal general del Estado y resultan tipificados en el artículo 404 del Código Penal».

En su querella, el PP hace hincapié en la «estrecha relación» entre Delgado y Álvaro García, «una amistad manifiesta que se ha materializado en un intercambio continuo de favores que ha beneficiado a ambas partes y a sus correspondientes carreras profesionales».