El Banco Mundial confirma una nueva condena de 28 millones de euros al Gobierno por los impagos de las renovables

Los tribunales internacionales han fallado de nuevo contra España en el marco de la cascada de denuncias desencadenas por los inversores perjudicados tras la retirada retroactiva de las prima renovables. El arbitraje del caso RWE, que arrancó en diciembre de 2014, acaba de condenar al Gobierno de nuestro país en un nuevo laudo por valor de 28 millones de euros a favor de la empresa alemana.

La decisión original, ratificada en los últimos días, se publicaba por primera vez en 2019 y exigía a España una serie de compensaciones en relación con siete plantas de energía renovable que vieron alteradas sus condiciones financieras, a raíz de la aplicación retroactiva de los cambios aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a los inasumibles porcentajes de beneficio a los inversores en energías renovables decretados por su predecesor en el cargo José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, ha habido que esperar al pasado mes de marzo para que un comité de expertos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) haya confirmado el fallo inicial y rechazado, en su totalidad, la solicitud de anulación de la condena que planteó el Gobierno español.

El panel de juristas acordado por ambas partes en el marco jurisdiccional del CIADI –e integrado por la finlandesa Carita Wallgren-Lindholm (presidenta), el guatemalteco Álvaro Rodrigo Castellanos Howell y el irlandés Colm O Hoisin– se ha pronunciado a favor de la compañía germana, rechazando así el razonamiento de la Abogacía General del Estado, que consideraba que el tribunal se extralimitó en sus facultades al condenar a España.

Así las cosas, la validación del comité a la sentencia, en la que se indicaba a España que no puede invocar el Derecho de la UE para eludir sus compromisos en materia de derecho internacional como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía, suma un nuevo revés para el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez y, en concreto, para la estrategia definida por la ministra competente Teresa Ribera.

Asimismo, la resolución niega el recurso del Gobierno español y certifica que no hubo ninguna «extralimitación de facultades o manifiesta» en el procedimiento inicial, que ya fue negativo para los argumentos españoles. El hecho de que exista un marco regulatorio común en el seno del sector energético europeo, no permite alegar que existe «alguna incompatibilidad con el TCE o su aplicación del TCE» para incumplir las obligaciones derivadas de éste, según recoge el laudo dictado por el CIADI al que ha tenido acceso El Debate.

Las 26 condenas impuestas a España superan ya los 1.800 millones de euros pendientes de pago por el Gobierno, en concepto de indemnizaciones, condenas en costas, honorarios de abogados y consultores e intereses de demora.