Casi medio millar de propiedades españolas en el extranjero, en riesgo de embargo por los impagos a las renovables

No solo la sede del Instituto Cervantes en Reino Unido, la indemnización por el desastre del Prestige o incluso el Falcon presidencial. Los fondos internacionales que pleitean contra España por el fiasco de las inversiones en renovables han puesto en el punto de mira 400 propiedades españolas repartidas por el mundo.

España ha sufrido ya 26 condenas por el recorte retroactivo de las primas, eliminando, tras las sucesivas modificaciones que pusieron en marcha los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, el límite mínimo garantizado que animó a un gran número de compañías a invertir en el sector. La última de ellas a manos de la alemana E.On, que el mes pasado consiguió que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) fallara a su favor, en una disputa por la que reclamaba casi 325 millones a nuestro país.

El actual Ejecutivo se ha negado hasta la fecha a desembolsar los importes. Una decisión que los demandantes califican de «política». Los inversores aseguran que las compensaciones podrían llegar a ascender a entre 2.000 y 2.500 millones. El gasto ascendería, solo en abogados, consultores y asesores de respaldo a la Abogacía del Estado, a 70 millones hasta la fecha, a lo que habría que sumar otros 60 millones en concepto de costas, y 120 millones adicionales por intereses de demora.

Además de la sucesión de embargos –que, según las fuentes, continuarán a lo largo del primer semestre del año–, el impacto más notable hasta la fecha es el procedimiento de default técnico iniciado el pasado mes de abril, cuando el fondo Blasket Renewable Investments tomó el control de cuatro títulos de deuda soberana española.

Hasta la fecha, los distintos tribunales han ordenado el embargo cautelar de activos soberanos de España como la sede del Instituto Cervantes en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una oficina de la UNED, una sede de promoción económica de la Generalitat de Cataluña o una cuenta bancaria. También parte de los derechos de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige valorada en más de 900 millones de euros,