Las diferencias entre la Ley de Memoria de Sánchez y las propuestas de PP y Vox

Pedro Sánchez lleva varias semanas arremetiendo contra el PP y Vox por impulsar, como figuraba en sus acuerdos de gobierno, la derogación de las leyes de memoria en sus respectivas comunidades autónomas. De hecho, no solo planea llevar estas propuestas de la oposición ante el Tribunal Constitucional, sino también a la ONU, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa.

Las amenazas del presidente del Gobierno, que visitaba hace unos días las criptas del Valle de los Caídos, y sus acusaciones lanzadas a PP y Vox responden, a ojos de los partidos de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal, a su intención de desviar el foco con una nueva «cortina de humo», cercado por los escándalos de corrupción.

A la proposición de ley para derogar la polémica norma autonómica en Aragón, ya aprobada, y a las propuestas de los Gobiernos de Castilla y León y la Comunidad Valenciana para reemplazar esas leyes por otras de concordia, que están en tramitación en las Cortes, se ha sumado esta pasada semana el texto registrado por Vox en el Parlamento de Baleares para suprimir la de memoria y que previsiblemente contará con el respaldo del PP por ser uno de los compromisos del pacto de gobierno.

La llamada ley de Memoria Democrática, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, fue aprobada la pasada legislatura -entró en vigor en octubre de 2022- y lo hizo sin contar con un consenso amplio e incluyendo varias concesiones a EH Bildu, gracias a cuyos votos salió adelante. Contra ella no solo se rebeló toda la oposición, sino también históricos dirigentes del PSOE, como Felipe González, Alfonso Guerra o Joaquín Leguina. La norma de Sánchez venía a ser una continuación de la ley que en 2007 impulsó el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la llamada ley de Memoria Histórica. Desde entonces se ha ido desarrollando toda una normativa a nivel autonómico en consonancia con la estatal.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la ley del Ejecutivo de Sánchez que contó con el beneplácito de los de Arnaldo Otegi y las iniciativas puestas en marcha por PP y Vox en varias regiones?

En primer lugar, el concepto de víctima. ¿A quién se considera víctima en un caso y en otro? En el caso de la de Sánchez, a toda persona «que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales (...) entre julio de 1936, la guerra y la dictadura, incluyendo el tiempo transcurrido «hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978», recoge el texto.

Cabe recordar, que, a petición de Bildu, se incluyó una disposición para designar una comisión técnica que elaborase un estudio sobre «los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas».

En las propuestas de PP y Vox se reconocen, además de las víctimas de la guerra y hasta la aprobación de la Constitución, a las que hubo entre 1931 y 1936 y que los Gobiernos de Zapatero y Sánchez olvidan. Además, en el caso de la Comunidad Valenciana, al abarcar a todas las víctimas de la «violencia política y social», desde la Segunda República hasta la actualidad, se introduce a las víctimas del terrorismo de ETA, el GRAPO o el FRAP, así como las del terrorismo islámico.

Otra de las diferencias es que mientras en la estatal predominan términos del «guerracivilismo», en las propuestas de los ejecutivos autonómicos se pretende acabar con la división y fomentar una concordia real, sin bandos y sin pretender imponer un «relato oficial», como denuncian que hace la ley del Gobierno de Sánchez.

«La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos», establece la ley de memoria de Sánchez.

En cambio, por ejemplo, en el texto de PP y Vox registrado en las Cortes Valencianas, se subraya que «la guerra civil nos debe enseñar que no importa el bando, ni el origen, ni las creencias, el sufrimiento y la muerte fue la misma para todos. Las víctimas fueron y son víctimas con independencia del lugar donde cayesen».

En cuanto al ámbito educativo, la norma estatal recoge que se actualizarán los contenidos curriculares para la ESO, FP y Bachillerato de forma que se incluyan «el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura».

Por el contrario, en la ley de Concordia de Castilla y León, por ejemplo, sencillamente se indica que se incluirá en el currículum educativo «la formación en la defensa de los derechos humanos, los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y los valores superiores del ordenamiento jurídico».

Respecto a las exhumaciones, en los casos de las leyes de concordia, en Castilla y León se remarca que la administración adoptará las medidas necesarias para prestar servicio para la «búsqueda, localización, exhumación e identificación de los restos de víctimas que se encuentran en paradero desconocido», para entregarlos a sus familiares y, subraya, «con independencia de la ideología, creencia, afiliación o preferencia política de la víctima». Y en el de la Comunidad Valenciana, de igual modo se reconocen los derechos de las víctimas y sus familiares a «las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas».

En Aragón, donde no hay como tal una ley de concordia, el Gobierno autonómico trasladó hace unos días su compromiso a que cualquier familiar con una víctima por «violencia ideológica» pueda recuperar sus restos y darle una «sepultura digna», y anunció un incremento del presupuesto de 10 % para las exhumaciones de fosas. Ya en el texto por el que se deroga la norma se explicita que su supresión «no impedirá que las Administraciones Públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión», independientemente del bando y la ideología.