Qué dicen las propuestas de PP y Vox que derogan las leyes de memoria y que el Gobierno quiere reprimir con el TC

El Gobierno abrió fuego este lunes contra el Partido Popular y Vox por impulsar en tres comunidades autónomas donde gobiernan en coalición la derogación de las leyes de memoria por «sectarias e ideológicas» y proponer en su lugar unas leyes de concordia que, como defienden, no impongan una visión partidista y abarquen a todas las víctimas.

La mañana de ayer, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que interpondrán un recurso de acuerdo con Aragón y si pasado el plazo no hay acuerdo con el Gobierno autonómico, el Ejecutivo central lo llevará ante el Tribunal Constitucional. Lo harán también con las proposiciones de ley de Castilla y León y la Comunidad Valenciana para tal efecto. En el caso de Aragón, Torres acusó a PP y Vox de intentar «blanquear la dictadura» e «igualar» el período de la dictadura con el de la Segunda República, que calificó de «etapa democrática».

Actualmente, solo ha sido derogada ya de forma efectiva la ley de memoria democrática de Aragón de 2018. En el caso de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana, PP y Vox han presentado de manera conjunta hace unos días las llamadas leyes de concordia, que derogan la normativa autonómica anterior en materia de memoria, para su tramitación en las Cortes. En Aragón, lo que debaten los socios de gobierno es un Plan de concordia, que, como apuntan fuentes cercanas a la vicepresidencia, no tiene rango de ley. En concreto se llama Plan de Concordia Democrática, Reconciliación, Recuerdo y Reconocimiento de las víctimas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, y se presentó el pasado noviembre.

La supresión de las leyes de memoria a nivel autonómico, vigentes en consonancia con la ley estatal –primero la de Memoria Histórica, aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y después la de Memoria Democrática de Pedro Sánchez en la pasada legislatura, que venía a ser una ampliación de esa primera–, es uno de los puntos que figuran en los acuerdos de gobierno firmados por los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Se trata de una reivindicación en la que ha existido Vox desde el principio; de hecho ya en su momento recurrió ante el TC la norma del Gobierno de Pedro Sánchez por suponer un «atropello masivo de libertades».

Aragón

En el caso de Aragón, figura ya en el Boletín Oficial la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática. La ley de 2018 partía de otorgar la consideración de víctimas a las personas asesinadas durante la guerra civil y la dictadura, las exiliadas por este motivo, las condenadas por los tribunales instaurados tras 1936 o aquellos partidos, sindicatos y asociaciones que fueron declarados ilegales entonces, y hablaba de «violaciones de los derechos humanos» pero exclusivamente desde 1936 hasta 1978.

En el preámbulo del texto legislativo aprobado en las Cortes a propuesta de PP y Vox, afirman que la norma aprobada durante el Gobierno del PSOE imponía «un relato oficial» e «ideológico de parte» que podía sembrar división. «Cualquier pretensión de crear una historia oficial vulnera», señalan, las libertades de pensamiento, conciencia, expresión y cátedra, «puesto que al legislador no le corresponde construir un relato histórico de ninguna época determinada», sostienen.

Critican que en la ley anterior se recogía la «idealización extrema» de la Segunda República, se condenaban crímenes de un bando de la Guerra Civil mientras se relativizaban los del otro y solo se consideraba víctimas a quienes sufrieron represión por parte de uno de ellos y no del otro, excluyendo la «violencia política ejercida» durante los años 1931-1936.

No obstante, se apunta en el texto que su derogación «no impedirá que las Administraciones Públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales».

Tras la derogación de la norma, quedan suprimidas, por ejemplo, las rutas de memoria democrática en la región, el Centro de Investigación de esta materia, los elementos de identificación y señalización, las actuaciones en el ámbito educativo que establecía la ley, entre otros puntos; y, según recoge, las subvenciones y ayudas económicas que se concedieron en su momento de acuerdo con esta quedarán sujetas a la justificación correspondiente, conforme a lo que establecen las convocatorias y bases reguladoras.

Castilla y León

El de Castilla y León es el primer gobierno de coalición de PP y Vox. Impulsar una ley de concordia que derogue la normativa vigente en materia de memoria histórica también figuraba en el acuerdo que sellaron, y el partido de Abascal venían reprochando a los populares que todavía no se hubiera dado el paso para ponerla en marcha.

La semana pasada, los partidos del Gobierno regional presentaron ante las Cortes la proposición de Ley de Concordia, que viene a derogar el Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. Este decreto recoge, en línea con el resto de leyes de memoria, que la Junta condena «los casos de vulneración de derechos humanos que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista», excluyendo, de nuevo, a las víctimas de la Segunda República.

En él se señala, entre otras cosas, que en el currículum educativo se incluirán contenidos «que permitan adquirir conocimientos sobre la verdad de los hechos ocurridos durante la guerra civil y la dictadura franquista». También, que la Administración autonómica dará apoyo institucional y económico a las asociaciones, fundaciones y entidades creadas para «defender la dignidad» de las víctimas, de nuevo, solo las de la guerra y la dictadura, para su investigación, exhumación e identificación.

En contraposición, la ley de concordia de PP y Vox, que recuerdan que esta se dicta «al amparo de las competencias» autonómicas, tiene como objetivo establecer el marco normativo que favorezca la concordia en la región, de forma que, superando el pasado, se refuerce la convivencia y la tolerancia. Entre otras cosas, amplía la consideración de víctimas a «quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta el año 1978».

«No debemos olvidar que una Guerra Civil, como la vivida en España, supone el peor acontecimiento político y social que puede sufrir una Nación. La ruptura del proyecto común y el enfrentamiento que pone fin a la convivencia pacífica entre los ciudadanos constituye una tragedia colectiva que divide a la sociedad, a las familias y siempre acaba vulnerando la dignidad de las personas», se subraya en la exposición de motivos, donde se remarca que «la conquista y consolidación de la democracia en España ha sido uno de los logros históricos más significativos de la sociedad española».

Comunidad Valenciana

Por su parte, de igual modo en la Comunidad Valenciana se llevó hace unos días ante las Cortes una proposición de Ley de Concordia que deroga la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana. Una ley, esta última, que, de nuevo, considera víctimas directas exclusivamente a las que se encuentran dentro del período de 1936 a 1978.

PP y Vox denuncian en su iniciativa que tanto la ley de memoria de 2007 como la valenciana de 2017 «no persiguen los valores de libertad, respeto y tolerancia» que impulsó la Transición, y señalan que con ellas el Estado se entromete en la conciencia de los españoles, «moldea» su memoria individual, impide la libertad de opinión, limita la de cátedra y «penaliza» el trabajo de los historiadores si estos no se ajustan a «la interpretación sectaria e interesada» de la historia por parte de determinados partidos. Así, consideran que derogar esta norma autonómica -impulsada por PSPV, Compromís y Podemos- busca fomentar la concordia, frente al intento de «división y resentimiento» de algunos.

La propuesta de los partidos del Gobierno valenciano pretende reconocer a todas las víctimas de la «violencia política y social», por ello abarca desde la Segunda República hasta la actualidad, introduciendo así el reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA, el GRAPO o el FRAP, así como las del terrorismo islámico. «La guerra civil nos debe enseñar que no importa el bando, ni el origen, ni las creencias, el sufrimiento y la muerte fue la misma para todos. Las víctimas fueron y son víctimas con independencia del lugar donde cayesen», remarcan en el texto.

En la Ley de Concordia se asegura, además, el reconocimiento y la protección de los derechos de las víctimas y sus familias a la localización, identificación y exhumación de los desaparecidos o a la reparación y preservación de su memoria entre otras cosas. Recoge asimismo la disolución de las comisiones, organismos e instituciones de carácter público que se hayan creado como consecuencia de la ley de memoria democrática.