Las cinco claves de la Ley de Concordia valenciana que acabará con el sectarismo de la «memoria democrática»

Una de las bases del Gobierno de coalición de Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana pasaba por derogar «las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos», garantizando la «libertad de memoria» impuesta por la izquierda desde los tiempos del Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En el caso valenciano, desde 2017 estaba en vigor la Ley de memoria democrática y para la convivencia, en la que se loaba el periodo de la Segunda República, omitiendo la violencia que se ejerció durante ese periodo.

Ahora, los Grupos Parlamentarios de Vox y PP han presentado de manera conjunta una proposición de ley que se tramitará por el procedimiento de urgencia con la que pretenden hacer cumplir el punto 2 de su acuerdo de gobierno por la vía de la aprobación de una Ley de Concordia que abarca desde la segunda república hasta la actualidad y deroga la aprobada durante el mandato del tripartido de PSPV, Compromís y Podemos, liderado por Ximo Puig.

Estas son las claves de una norma con la que el Ejecutivo valenciano busca ese espíritu de reconciliación de los españoles a la vez que da carpetazo al sectarismo de su predecesora:

Cierre de los chiringuitos ideológicos

La Ley de Concordia establece en su disposición derogatoria única que, además de la Ley de memoria, «quedan disueltas cuantas comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico hubieran sido creadas a consecuencia de la citada ley». De la misma manera, también acaba con las disposiciones de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo dispuesto en la nueva ley.

Desplaza un «término guerracivilista»

La precisión en el empleo de las palabras es importante y, en este sentido, desde Vox explican que con la nueva ley se «desplaza el término guerracivilista de memoria histórica» y se sustituye por «concordia», que alude a un pacto entre quienes litigan. La propia exposición de motivos de la futura norma señala que «un pasado tan complejo y lleno de aristas requiere de aproximaciones plurales, desapasionadas y generosas. Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo».

Y añade que «la Guerra Civil nos debe enseñar que no importa el bando, ni el origen, ni las creencias, el sufrimiento y la muerte fue la misma para todos».

Del Frente Popular a ETA

Uno de los aspectos de mayor calado de la futura ley es que, al abarcar desde 1931 hasta nuestros días, incluye también la condena a la violencia procedente de distintos sectores, no como la de memoria, que, más allá de condenar en genérico la violencia de la contienda, haciendo énfasis en la ejercida por el bando nacional, se centra en la represión de la dictadura.

La Ley de Concordia, por el contrario, comprende los crímenes cometidos por la izquierda, como los del Frente Popular, la ETA, el FRAP o el Grapo. De esta manera, según la exposición de motivos, se reconoce «a todas las víctimas de la violencia política y social que ha vivido nuestro país».

Derechos de las familias de víctimas

La norma reconocerá y protegerá los derechos de las familias de las víctimas en asuntos como la «indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas».

También apuesta por la «reparación y preservación de su memoria, evitando cualquier intento de revanchismo o manipulación de nuestra historia que aliente el enfrentamiento entre españoles».

Protección del patrimonio histórico

La quinta y última clave de la futura ley será la garantía de que se protegerán todos los vestigios y los restos patrimoniales de memoria inventariados por las Consejerías con competencias en Patrimonio Cultural y Transparencia. Esto incluye elementos como cruces, placas o monumentos singulares de especial protección.