El expresidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig
Comunidad Valenciana Ideología e imposición lingüística, la herencia envenenada que dejan Ximo Puig y su tripartito
El expresidente de la Generalitat ideó junto a sus socios de Compromís y Unidas Podemos una política que priorizaba el valenciano y castigaba el español, con especial énfasis en la educación y la Función Pública
En las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo los ciudadanos de la Comunidad Valenciana evidenciaron la necesidad de un cambio de rumbo político tras ocho años de tripartito del PSPV-PSOE al frente con Compromís y Unidas Podemos como socios gubernamentales. Lo hicieron votando masivamente al bloque de centro-derecha, consiguiendo la suma del Partido Popular y Vox un total de 53 escaños, tres por encima del listón que marca la mayoría absoluta.
Tanto antes como después de la campaña y de haber tomado posesión como presidente de la Generalitat, Carlos Mazón se comprometió constantemente a revertir buena parte de la ejecutoria llevada a cabo por Ximo Puig. Esa nada sencilla tarea consta de multitud de aristas, pero una de las fundamentales y que más urge para el popular dar marcha atrás es la de eliminar la ideología en la gestión y la imposición lingüística, que han sido las bases sobre las que socialistas, nacionalistas y comunistas han asentado su día a día en el Ejecutivo regional.
Mezclando ambos elementos, una de las premisas del tripartito es aquella que consideraba que el valenciano no es un idioma independiente del catalán, sino que está supeditado a este y, por tanto, lo concibe como un simple dialecto. Con ello, no solo se ignora una Historia plagada de fechas, datos y acontecimientos que desmontan uno por uno todo el argumentario catalanista, sino que se desnaturalizan obras de enorme prestigio como Tirant lo Blanch y comienza el poso sobre el que reivindicar los 'Países Catalanes' como elemento cohesionador de unos territorios con una supuesta lengua común.
El Supremo tumbó el Decreto de Plurilingüismo
Una vez construido el relato de que el valenciano es catalán, lo que Puig hizo y promovió en todo momento fue el de imponerlo a toda costa, con los ámbitos educativo y la Administración autonómica como verdaderos campos de prueba para desarrollar e implementar una hoja de ruta que no pocos han definido como de «ingeniería social». Así, el requisito de que al menos el 25 % de las horas lectivas en los colegios e institutos se impartan en castellano tal como estableció en una sentencia el Tribunal Constitucional (TC) ha sido un aspecto totalmente ignorado por el tripartito de izquierdas.
Para comenzar, Puig dejó la Consejería de Educación en manos de Compromís, que concebía esa cartera como la herramienta perfecta para importar las prácticas que desde los tiempos de Jordi Pujol se llevan aplicando en Cataluña. La única diferencia ha sido el agravante de aportarle un par de marchas más porque el plan de los nacionalistas valencianos requería velocidad de crucero, no podía cocerse a fuego lento como en el caso catalán. Naturalmente, en cuanto se asentaron en el poder comenzaron a aprobar medidas en la dirección que se preveía, es decir, la de otorgar al valenciano una omnipresencia en detrimento del castellano, que quedaba marginado y orillado.
Esta política quedó plasmada, entre otros textos, en el Decreto de Plurilingüismo, aunque finalmente este fue tumbado por el Tribunal Supremo (TS). La razón argumentada por los magistrados fue que la iniciativa de la Generalitat vulneraba el principio constitucional de igualdad y el derecho fundamental a la educación recogidos en los artículos 14 y 27 de la Carta Magna. Así, apuntaron que la norma discriminaba negativamente a todos aquellos alumnos que optaban por una docencia mayoritariamente en español, ya que los que lo elegían el valenciano como lengua vehicular cursaban más horas en inglés y tenían mejores certificados académicos.
El exconsejero valenciano de Educación Vicent Marzá, el gran ideólogo de la imposición lingüística en la Comunidad.
A pesar de ser anulado por el TS, este hecho no fue obstáculo para que Compromís, siempre con el beneplácito de Puig como mejor aval, siguiera poniendo en marcha una política educativa profundamente ideologizada, priorizando el valenciano sobre el castellano tanto en las aulas como en el funcionamiento diario de los centros escolares e, incluso, en las comunicaciones con los padres de los alumnos, que permanentemente se hacían en la lengua regional. Es decir, no solo se ignoraba por completo la cooficialidad idiomática, sino que se hacía sin importar que aquello sobre lo que se informaba fuera entendido o no por los padres de los estudiantes.
El valenciano, de mérito a requisito
Como se ha mencionado anteriormente, la Función Pública dependiente de la Generalitat también ha estado impregnada de las posiciones catalanistas tan características del Gobierno de Puig. El ejemplo más clarificador de ello es que para acceder a una plaza en la Administración el dominio del valenciano ha pasado de considerarse un mérito a ser un requisito. Este aspecto llama más la atención en el ámbito de la Sanidad, un sector que en los primeros meses del año convocó una huelga de varios días en la que sus profesionales denunciaban el mal estado del sistema, con hospitales y centros de salud colapsados y saturados a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana.
Tal es el nivel de ideología del que el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos dotaron a su Gabinete, que en lugar de atender las peticiones de los sanitarios, la acción de Gobierno se dirigió a que en unas oposiciones tener el nivel C1 de valenciano contase el triple que tener un doctorado y hasta cinco veces más que contar con un máster. Ante semejante idea, colectivos de Sanidad y los partidos de la oposición cargaron contra la medida, provocando -en un gesto poco habitual en el tripartito- que la Consejería diera marcha atrás.
Finalmente, Mazón también se ha comprometido a acabar con la denominada Oficina de Derechos Lingüísticos, un organismo creado por la izquierda encargado de «velar» por el cumplimiento de las leyes en materia de uso de idiomas, así como de gestionar todas las quejas que se presenten por «discriminación lingüística». Para Mazón esta Oficina es la de la «Policía Lingüística», por lo que «con urgencia» se propone acabar con ella y con «con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo». El objetivo lo tiene claro el nuevo presidente de la Generalitat: «Sacar la ideología» de la gestión en el Ejecutivo valenciano.
