El Gobierno valenciano legisla para acabar con la imposición lingüística y el nacionalismo de la era Puig

Las formaciones que configuran el Consell de la Generalitat Valenciana, el Partido Popular y Vox, han presentado una serie de iniciativas legislativas que presentará en las Cortes regionales cuyo objetivo es el de avanzar en el acuerdo de Gobierno que ambos firmaron el pasado mes de junio tras sumar mayoría absoluta en las elecciones autonómicas.

Entre ellas, están un «cambio radical en la televisión pública de la Comunidad» y una Ley de Concordia en sustitución de la de Memoria Democrática, pero destaca la futura aprobación de una Ley de Libertad Educativa en aras de dejar atrás la gestión que el tripartito del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos llevó a cabo durante las dos últimas legislaturas y que tuvo como clave de bóveda la imposición lingüística del valenciano en las aulas.

De esta manera, el nuevo texto, según explican los portavoces de PP y Vox, Miguel Barrachina y José María Llanos, respectivamente, estará basado «en el principio de la libertad de las familias para elegir la lengua base en la que quieren que estudien sus hijos». Esta meta se conseguirá «eliminando los proyectos lingüísticos de centros» y «acabando con el plan de normalización lingüística, no elegidos por las familias». «Se acaba con la imposición de la Administración que, en la legislatura anterior, utilizaba el término de normalización para discriminar entre lenguas oficiales, en este caso el español», comentan.

Libertad a las familias

Con la «promoción de ambas lenguas cooficiales», la Consejería respetará «un mínimo del 25 % en la lengua cooficial no base, y hasta un máximo del 25 % en lengua extranjera». Igualmente, la futura normativa contemplará «un diferencial máximo del 20 % entre las lenguas cooficiales, tratando en todo momento de potenciar ambas lenguas cooficiales para acabar con la discriminación o detrimento de una lengua sobre otra».

La ley también «salva» del bilingüismo al alumnado con necesidades educativas especiales y/o para quien requiera de apoyo educativo, trabajando «siempre con ellos en su lengua base», y «garantiza el aprendizaje del alumno en el área lingüística y Matemáticas de la lengua base elegida por las familias, dando autonomía al centro educativo para elegir entre el resto de materias para adecuarse al porcentaje establecido en la lengua cooficial no base». Es decir, atendiendo al «entorno sociolingüístico y características propias de cada centro».

Otro punto que recogerá el articulado será el del «derecho del alumnado a realizar los exámenes o pruebas de evaluación, de carácter parcial o final, en castellano o valenciano», de manera que la lengua vehicular «no penalice la evaluación del alumnado y que mejore los resultados académicos» de los estudiantes.

Respecto a la exención del valenciano, a finales de 2023 el Ejecutivo de Carlos Mazón ya avanzó en que los alumnos residentes en zonas castellanoparlantes de la Comunidad no tuvieran la obligación de cursar en el idioma regional asignaturas troncales. Una vez salga adelante la nueva ley, para los estudiantes con «residencia temporal o de incorporación tardía», que procedan de otra región o del extranjero esa prerrogativa «pasará de uno a tres años».

Además, se acepta que los directores de los centros sean las personas encargadas de emitir una resolución en cuanto a dicha exención, reduciendo así el tiempo de respuesta, «que no será superior a un mes». En época del tripartito el retraso era de más de seis meses para autorizar ese permiso.

Por otra parte, se pondrá en marcha la eliminación del requisito lingüístico en materias como Música o ciclos de Formación Profesional (FP). Asimismo, en la ley se propone y se acepta sacar el Plan de uso de las lenguas del ámbito curricular, del mismo modo que se velará por que las medidas reguladas garanticen «que tanto los alumnos como sus representantes legales se dirigirán en la lengua que deseen hacerlo». Además, toda comunicación como formularios se deberá redactar «en formato bilingüe tanto para tratamiento interno como externo de la información».

«Cambio radical» en À Punt

Finalmente, el estudiante que supere los seis cursos de Primaria tendrá derecho al reconocimiento del nivel A2 de valenciano. El que supere los cuatro cursos de ESO tendrá lo propio pero con el B1 y los de Bachiller podrán ser certificados con el B2. A la par, el alumno que alcance en la asignatura en la etapa de Bachiller una media de 7 o más o en el examen de la asignatura de valenciano en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU, antigua Selectividad) será reconocido con el C1. Este conjunto de medidas será aplicado con efecto retroactivo en Primaria desde el curso 2009/2010; ESO y FP desde 2008/2009 y en Bachillerato también desde 2009/2010.

El anuncio de la nueva normativa se ha hecho un día después de que la Iniciativa Legislativa Popular presentada por Hablamos Español en las Cortes no saliera adelante, con el único voto a favor de Vox. En este caso, el PP lo hizo en contra alegando matices técnicos y que ya estaban trabajando en la Ley de Libertad Educativa ahora presentada.

Por otra parte, Barrachina y Llanos también han hecho público que los dos grupos parlamentarios registrarán en el Hemiciclo una ley, en esta ocasión relacionada con À Punt, la televisión pública autonómica, para que sea «de verdadera utilidad para los valenciano». «Estamos ante un cambio radical de modelo que simplifica al máximo la actual super estructura de la corporación, eliminando todo organismo superfluo», han explicado fuentes de Vox.

Alejándola de que siga siendo una «herramienta al servicio del separatismo», el Ejecutivo valenciano busca que no haya espacios o colectivos dedicados a «patrocinar los mal llamados 'Países Catalanes'», comentan las mismas fuentes.

La tercera ley que impulsará el Gabinete de centro-derecha será la de Concordia, que sustituirá a la de Memoria Democrática. Entre su contenido, destaca que se «desplaza el término guerracivilista y no solo incluye el reconocimiento de las víctimas durante el franquismo, sino también las que van desde 1931 hasta la actualidad, sumando así las de «la violencia revolucionaria del Frente Popular, pero también a todos los asesinados por el terrorismo de ETA y de la extrema izquierda -FRAP, GRAPO..)».