Las claves de la Ley de Concordia de Castilla y León: amplía el reconocimiento de víctimas hasta 1931

Este martes el Partido Popular y Vox registraron en las Cortes de Castilla y León la Proposición de Ley de Concordia. Se trata de una normativa que sustituye el Decreto que adaptaba para la Comunidad Autónoma la Ley de Memoria Democrática de 2007.

Pero, incluso sin estar todavía registrada, es decir, sin tener acceso al texto completo, todos los partidos de izquierdas no tardaron en saltar a la yugular de la coalición que gobierna en la región a cuenta de la nueva Proposición de Ley.

¿Qué dice realmente el nuevo texto?

El texto se llama Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León. El texto, en su artículo 1, define la Concordia como «el valor que, sirviendo de base a la superación del pasado histórico, al entendimiento entre iguales, al logro de un mayor bienestar social y al reconocimiento y aceptación de otras maneras de pensar, permite preservar, mantener y reforzar la convivencia, el respeto y la tolerancia actuales de todos, en desarrollo de los principios democráticos recogidos en la Constitución Española».

Desde 1931

La principal polémica suscitada se debe a que la nueva Proposición de Ley amplia el reconocimiento de víctimas hasta el año 1931, cuando hasta ahora se limitaba al año 1936.

Los portavoces de Vox y del PP en las Cortes de Castilla y León ya defendieron el martes que la inclusión de la Segunda República no significaba que se equiparaba este período con la Guerra Civil o con el franquismo.

El mismo artículo 1 dice en su apartado 3.c delimita la actuación de la Administración al «reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta el año 1978». Y ningún historiador negará que en esos años de la Segunda República que transcurren entre 1931 y 1936 se produjeron miles de muertes y asesinatos por motivos ideológicos, religiosos y sociales.

Asociaciones

También hubo polémica en torno a las asociaciones memorialistas. Denunciaron éstas que se les dejaba aparte cuando el artículo 4.1 de la Proposición de Ley asegura que «las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro constituidas con la finalidad de defender la dignidad de todas las víctimas, son reconocidas en la Administración de la Comunidad de Castilla y León a los efectos de las autorizaciones y las actividades reguladas en la presente ley».

De igual modo, en el artículo 4.4, la Proposición de Ley afirma que «la Administración de la Comunidad de Castilla y León cooperará en las actividades de las entidades vinculadas a la concordia, prioritariamente en el desarrollo de proyectos de investigación, localización, exhumación e identificación de víctimas».

Exhumaciones

De igual modo, respecto a las exhumaciones, la Proposición de Ley asegura en su artículo 11 que «adoptará las medidas necesarias para la prestación del servicio de búsqueda, localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas que se encuentren en paradero desconocido, con la finalidad de entregarlos a sus familiares y concederles una sepultura digna, de conformidad con la preferencia manifestada y con independencia de la ideología, creencia, afiliación o preferencia política de la víctima».

Por lo tanto, aunque sí es cierto que en la Comisión de Exhumaciones que crea esta Proposición de Ley en los artículos 17, 18 y 19, no habrá integrantes de las asociaciones memorialistas, lo que les ha generado un profundo malestar, éstas podrán continuar realizando las labores de investigación, divulgación e, incluso exhumación, igual que han venido haciendo hasta ahora.