La Fiscalía del Tribunal de Cuentas mantiene la reclamación de 3,1 millones a Puigdemont por la malversación del procés

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mantenido su petición de 3,1 millones de euros, conjunta y solidaria, al expresidente catalán prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, junto con otros 34 excargos de la Generalitat de Cataluña por su presunta responsabilidad contable derivada de la supuesta malversación de fondos para financiar el referéndum ilegal del 1-O, por importe de 883.695 euros, y la acción exterior del Govern que ascendió a un monto de 2.209.503 euros más.

Así lo ha reclamado el fiscal Manuel Martín-Granizo en un escrito de conclusiones definitivas, después de que la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador, Elena Hernáez, le diera un plazo de 10 días para presentar su dictamen.

De acuerdo con el procedimiento abierto contra el ex presidente catalán y líder de Junts, una vez recibida la respuesta del Ministerio Público y de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana, el TC dará traslado a las defensas para que se pronuncien. Cabe recordar que ambas acusaciones ya se habían manifestado en esta misma línea que ahora se confirma, en el marco de la vista celebrada el pasado 17 de noviembre de 2023, presentando sus argumentos, incluso antes, del plazo límite fijado para ello.

La consejera pidió informe a la Fiscalía después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más de una década del procés, como pedía el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC.

El titular del Ministerio Público ha ratificado que «el menoscabo» causado para el erario fue «real y efectivo» y «se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio». Asimismo, defiende que está «acreditado» que «fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio (...) sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta».

Una «rebaja» sobre la estimación inicial

El Ministerio Público reclama, finalmente, 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados, tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Por su parte, Sociedad Civil Catalana instaba a devolución de 5 millones de euros a 11 excargos del Govern que también constan entre los señalados por Ministerio Público. Los encausados ya habían aportado una fianza, proporcionada por el actual Ejecutivo independentista, de cara al juicio, para evitar embargos.

Entre los 35 nombres figuran, además de Puigdemont, el del expresidente catalán Artur Mas, quien ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista plebiscitaria del 9 de noviembre de 2014.

A ellos hay que sumar a varios de los exconsejeros condenados penalmente por el Supremo, en la causa especial del 1-O, como Raül Romeva y Jordi Turull; otros fugados, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y, delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Asimismo, están procesadas nueve personas que fueron citadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Entre estas últimas, destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat, Albert Royo.