Los fiscales del TSJM batallarán contra el «criterio impuesto» por la número dos de García Ortiz para archivar el caso del novio de Ayuso

La tensión crece en el seno de la Fiscalía tras las últimas maniobras de su titular, Álvaro García Ortiz, y la número dos del escalafón, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, para que los fiscales encargados de pronunciarse sobre la querella planteada por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, archiven sin más el caso de las filtraciones.

Las «presiones» recibidas desde la cúpula del Ministerio Público para «imponer el criterio» de Sánchez Conde, sin practicar pesquisas, han suscitado un profundo malestar entre los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que podrían negarse a cumplir órdenes –si las consideran «contraria a las leyes» o las «estiman improcedentes»–, una vez recibidas por escrito. Así las cosas, previo informe razonado, cabría activar el artículo 27 de su Estatuto Orgánico ((EOMF) para que sea la Junta de Fiscales de Sala la que decida cuál de las dos posturas enfrentadas debe trasladarse, formalmente, en este polémico asunto al presidente del órgano jurisdiccional competente.

Hasta la fecha, tanto la fiscal al frente de la causa María de la O Silva, como su superior Carlos Ruiz Alegría, han mantenido una posición favorable a realizar averiguaciones, antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, la número dos de García Ortiz ha tratado de dar carpetazo a la querella, sin éxito por el momento, llegando incluso a promover una reunión en la que se encontraron, sin saberlo previamente, los fiscales que investigan con los fiscales investigados. Estos dos últimos, la titular de la Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez y el responsable del Departamento de Delitos Económicos, Julián Salto.

En el fondo del caso, una pregunta clave que podría cambiar el escenario actual de las cosas y complicar, judicialmente, el cuestionado futuro institucional del fiscal general del Estado: «¿De quién partió la orden para emitir la nota de prensa con la que la Fiscalía de Madrid trató de demostrar que las filtraciones publicadas por la prensa eran ciertas?». Por el momento, García Ortiz ha reconocido su «responsabilidad última» en dicho comunicado, como titular del Ministerio Público de acuerdo con su deber de estar informado, «pero nada se sabe sobre si él dio, también, la primera como se ha divulgado», plantean algunos fiscales consultados por El Debate.

De ahí el actual conflicto, a cuenta el enfoque estratégico, entre Silva y Ruiz Alegría con la teniente fiscal Sánchez Conde. Mientras los primeros «entienden que hay que hacer algunas indagaciones y recabar los mensajes y correos electrónicos que puedan exculpar de cualquier responsabilidad a sus compañeros», la número dos de la Fiscalía General aspira a que se «neutralice» la querella del novio de Ayuso, como ya se ha propuesto desde la Fiscalía Provincial para la querella planteada en Madrid, sobre los mismos hechos, por el Colegio de la Abogacía (ICAM).

De hecho, en las últimas horas, Sánchez Conde defendía que en base a la «unidad» de actuación del Ministerio Público, ésa era la única salida lógica para contestar a la querella presentada por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior.

¡Sin embargo, la mayoría de los fiscales no está de acuerdo con esta visión y apuntan a que «lo lógico cuando se invoca la unidad de criterio es que éste venga determinado de arriba hacia abajo, en este caso desde la Fiscalía del TSJM a la Fiscalía Provincial, y no a la inversa como se pretende». «Además», recuerdan las mismas fuentes consultadas por El Debate, «no se puede obviar que en este asunto concreto, la querella ha sido presentada por un particular» quien considera que se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales con las filtraciones que revelaron datos confidenciales, al hilo de una investigación tributaria.

El TSJM «puede tomar declaraciones»

En cualquier caso, y al margen de las fuertes discrepancias en el seno del Ministerio Público, «nada impide, en este momento procesal, que el presidente del Tribunal Superior de Madrid», el magistrado Celso Rodríguez, «tome declaración a los dos querellados»: la Fiscal Jefe Provincial, Pilar Rodríguez, y el fiscal encargado de las diligencias penales contra la pareja de Díaz Ayuso, Julián Salto. Una citación que «le serviría para averiguar si hay elementos delictivos en las respectivas actuaciones de ambos» o si, «por el contrario, y como parece que hay prisa por evitar, todo apunta a otro u otros responsables», señalan fuentes judiciales.

De hecho, «en previsión de que esto pueda producirse» – llegado el momento y como testigo– «la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, ha decidido abstenerse en todo lo que concierne a la emisión de informes» y a intervenir en la posición de su Departamento en este asunto tan complejo y delicado. La propia Lastra se negó a cumplir las indicaciones que, como publicó este diario en exclusiva, le habrían llegado directamente del fiscal general, vía Whatsapp, para que asumiese el contenido de la polémica nota que, al final, terminó circulando su compañera de la Fiscalía Provincial.

Cabe recordar que, ante una futura y eventual toma de declaración por el TSJM, todos los fiscales «tendrían la obligación de decir la verdad ante el juez». No en vano, una condena por el delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 417 del Código Penal, «supone asumir no sólo una pena de multa sino la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público lo que, en la práctica, para los fiscales, si fuesen condenados , supondría su expulsión inmediata de la Carrera», advierten los expertos.