El Poder Judicial denuncia el señalamiento de «todo el que no forme parte de la actual coalición de Gobierno»

Una reforma de la Ley Orgánica enfocada en la rebaja de las mayorías parlamentarias reforzadas que, hoy por hoy, se necesitan para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –reduciéndolas a absolutas–, al margen del Partido Popular y quitándole peso al Senado, previa reducción de su capacidad actual de elegir ocho vocales del Consejo a sólo cuatro. Los socios del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez no han tardado en recoger el guante con el que el presidente apuntaba a la necesidad de una «regeneración democrática» en su polémica comparecencia del pasado lunes, tras cinco días de reflexión sobre su continuidad en el cargo, y que concretó poniendo al Poder Judicial en el punto de mira.

Jueces y fiscales no han dudado, tampoco, en denunciar el señalamiento al que están siendo sometidos, desde comienzos de esta misma semana, «todos aquellos que no formen parte de la actual coalición de Gobierno». Un saco en el que ciertos sectores de la izquierda, mediática y política, están incluyendo «tácitamente» a los jueces, como ha denunciado la Fundación Hay Derecho. No en vano, la propia entidad –que trabaja, desde su creación, en la mejora de la calidad democrática de nuestro país y traza, de acuerdo con los estándares europeos, las reformas necesarias hacia la excelencia institucional –fue duramente señalada tras lograr que el Supremo anulase el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado, al incumplir uno de los dos requisitos que la ley exige para el acceso y desempeño del puesto.

Las consecuencias de la deriva reformista que amenaza con consumarse tras el «punto y aparte» decretado en el más reciente y polémico discurso de Sánchez, se han traducido en «ataques personales al juez» que decidió abrir diligencias preliminares contra la mujer del presidente del Gobierno, tras la querella del sindicato Manos Limpias, por el posible conflicto de intereses entre su condición y el marco de su actividad profesional; o, la propuesta normativa planteada por Podemos para suprimir las garantías reforzadas en la elección de los miembros del CGPJ, prorrogado desde 2018.

Esta última, de hecho, es la enésima maniobra para consumar «la captura del Poder Judicial por el político», afea Hay Derecho en un certero editorial recogido en su página web. Una fórmula que ya trató de materializarse, de la mano PSOE y Podemos, durante la pasada legislatura y a la que, cabe recordar, Europa puso freno.

Es precisamente, de nuevo, en la Unión Europea (UE) donde varios juristas consultados por El Debate han fijado la barrera de contención que puede actuar como freno contra los desmanes del actual Gobierno, en relación con el Poder Judicial. Un Poder Judicial que, como recordaba en una carta el juez apodado @iuristóteles en la red social X –antiguo Twitter–, está compuesto por miles de profesionales de base, más allá de su máximo órgano de representación, que ahora aspira a controlar Sánchez con 16 miembros afines del total de los 20 que lo conforman, y que «estamos en el día a día» de los ciudadanos. «Somos las togas silenciosas», declaraba el magistrado en su reflexión escrita.

«Sin Estado de Derecho no hay Democracia»

Precisamente, bajo el lema «Sin Estado de Derecho no hay Democracia», asociaciones de jueces, fiscales, Abogados del Estado, inspectores de Hacienda, policías y otros cuerpos superiores de la Administración Central y Local, que representan en su totalidad a más de 5.500 funcionarios públicos, suscribieron hace algunas semanas el primer «Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho», cuya presentación oficial se celebró el pasado lunes 29 de abril, coincidiendo con el comentado mensaje de Sánchez desde la Moncloa, en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

En el transcurso del acto, tanto Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF); Pilar Astray, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); y, Victoria Muñoz, vicepresidenta de Foro Judicial Independiente (FJI) debatieron sobre los valores constitucionales en crisis y las amenazas que se ciernen sobre ellos. Una preocupación compartida por la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán; la vicepresidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, María Foret Pastor; y, el portavoz de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (APSITAL), Alberto Bravo Queipo de Llano que coincidieron en destacar la importancia de baremos como la igualdad, el mérito en el acceso y la importancia de la capacidad en el ejercicio de la Función Pública.

Precisamente, en un momento en el que algunos de los socios del Gobierno, como Joan Baldoví, dirigente de la formación independentista valenciana Més-Compromís, se han desmarcado exigiendo la actuación a golpe de BOE para «acabar con el lawfare». O incluso, pidiendo que se impulse, por ley, la entrada de «personas humildes» a la Carrera Judicial.

No en vano, una de las punta de lanza de la cruzada de la izquierda para derribar el actual sistema de libre oposición, que permite el acceso a la condición de juez o fiscal en nuestro país, aspira a reemplazarlo, en su caso, por una suerte de selección 'democrática' en comisiones ad hoc compuestas por senadores, diputados y juristas afines al Gobierno de turno, en este caso, socialista.