La izquierda monta una campaña victimista para sumar votos tras difundir un bulo tras otro de Ayuso y Feijóo

En la entrevista que concedió Pedro Sánchez a Televisión Española el pasado lunes –horas después de comunicar que seguía al frente del Gobierno tras su cinco días de «reflexión»– el líder del Ejecutivo arremetió contra los «digitales y páginas web» que publican «bulos y desinformaciones». De igual manera, en la carta a la ciudadanía que Sánchez publicó en su cuenta de Twitter denunció una «estrategia de acoso y derribo» contra su persona.

Sin embargo, el presidente del Gobierno omite durante sus intervenciones las campañas que han orquestado los partidos progresistas y de izquierdas contra dirigentes de derechas, sus familiares y sus formaciones. En la campaña de los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo de 2023, Podemos desplegó una lona en el madrileño barrio de Salamanca con una fotografía del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que no es un persona pública.

«La cuestión es si cuando morían 700 personas al día, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros», indicó la formación 'morada' en la pancarta, en la que también aseguraban «¡Hay que echarlos!». Sin embargo, Podemos no logró representación en la Asamblea de Madrid tras las estas elecciones.

La presidenta madrileña –y su pareja– ha sido uno de los principales focos en los que se ha centrado la izquierda tras el estallido del caso PSOE; que afecta al partido, a antiguos Gobiernos autonómicos socialistas; y a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. El 13 de marzo, durante una sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez le «exigió» con tono hosco al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, «la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid».

«Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción», agregó Sánchez.

Por su parte, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, acusó hace un mes a Ayuso de «convivir con normalidad con el delito» y de convertir Madrid «en un nido de odio y mentiras» ya que «tiene el umbral de la mentira y del delito muy alto». De esta manera, el miembro del Ejecutivo expresó que «cuando surge algún caso de corrupción en el entorno del Partido Socialista se le expulsa inmediatamente, se pide que todo el peso de la Ley caiga sobre esa persona y se colabora con la Justicia, todo lo contrario que en el PP, que se ataca a las instituciones». Sin embargo, por ejemplo, los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves –condenados por el caso ERE– se dieron de baja del PSOE, en vez de ser expulsados, cuando ya estaban imputados y a la espera de la apertura del juicio oral.

Desde las pasadas elecciones generales, el Gobierno y sus socios también han asumido el concepto lawfare (guerra judicial); lo que les ha llevado a señalar a jueces; en ocasiones con nombres y apellidos, en vez de tratar a la Justicia como un poder independiente. En enero la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, recalcó en referencia al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso de Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, que «hay algunas personas en el Poder Judicial con querencia a pronunciarse en una sola dirección». El dirigente de Sumar y miembro de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, afirmó en sede parlamentaria que este magistrado «merece ser acusado de prevaricación o directamente ser recusado en esta causa». Hace unos días, Miriam Nogueras, aseguró durante un Pleno en el Congreso que en España hay «jueces que están prevaricando», que «hacen un mal uso del Estado de Derecho», y que se «exceden claramente en sus funciones».

Los bulos de Sánchez

El pasado día 20 del mes de marzo Pedro Sánchez y su vicepresidenta, María Jesús Montero, se hicieron eco en el Congreso de una noticia del diario Infolibre –que después resultó ser errónea– en la que se decía que Feijóo había otorgado, durante su etapa en la Xunta, licitaciones a la empresa en la que trabajaba su pareja. «¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda su empresa por la Xunta?», espetó Montero.

«Qué mentira», dictaminó Feijóo desde su escaño mientras Sánchez decía uno y otra vez con una sonrisa de soslayo «y más cosas». Sin embargo, la información era mentira y fue retirada por el medio que la publicó, que pidió disculpas.

Por su parte, el presidente del Gobierno aseveró el lunes en TVE que «el señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar», algo que el líder del PP ha calificado como «bulo» y le ha exigido que rectifique. Lo que aseveró Feijóo, en una entrevista en Atresmedia, fue que «ninguna mujer de ningún presidente del Gobierno se ha visto envuelta en la situación en la que está el señor Sánchez y su pareja. Incluso hay mujeres de presidentes del Gobierno que han dejado de trabajar para no tener ninguna duda al respecto»; pero no reclamó que Begoña Gómez cese en su actividad profesional.

En marzo Sánchez también le dijo al presidente del PP en el Congreso que «vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy, pues, alto cargo de, no sé, de una comunidad autónoma; pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años, pues, desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Imagínese que durante 5 años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo de narcotráfico (...) Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico, pero no lo hace porque fue usted y no yo el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. Que usted con ese historial ha podido escalar a lo más alto de su partido político, y en mi partido usted no hubiera podido llegar a concejal de pueblo».

Feijóo ha explicado en numerosas ocasiones su relación con Marcial Dorado, la persona a la que se refirió Sánchez. En 1995 lo conoció, y cortó el vinculo él en 1997, cuando supo que estaba siendo investigado judicialmente. Por consiguiente, su contacto –que no amistad– duró 2 años, y no 5 como afirmó con pompa el presidente del Gobierno en el Congreso hasta dos veces. «No hay ni ha habido amistad ni estrecha ni ancha con Dorado, cuando lo conocí no sabía nada de su pasado ni a qué se dedicaba», explicó el actual presidente del PP en una rueda de prensa en 2013, en la que también señaló que «nunca firmé, ni adjudiqué, ni concedí ningún contrato con ninguna empresa de este señor».