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Carta bomba enviada a la embajada de Madrid

El lunes comienza el juicio al jubilado que sembró Madrid de cartas bomba relacionadas con Rusia

La Fiscalía pide 22 años de prisión por un delito de terrorismo con resultado de lesiones al herir a un empleado de la Embajada de Ucrania

Este lunes 13 de mayo comenzará en la Audiencia Nacional el juicio contra el jubilado burgalés que en 2022 fue detenido acusado de enviar al menos seis cartas bomba contra varias instituciones, entre ellas el Palacio de la Moncloa, el Ministerio de Defensa, la Embajada de Estados Unidos o la Embajada de Ucrania. En la carta enviada a esta última, resultó herido un funcionario de la misma.

En junio de 2023 cuando el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, propuso juzgar por terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista al hombre de 74 años como presunto autor del envío de seis cartas que contenían explosivos caseros a, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así constaba en un auto en el que el magistrado recordaba que también fueron objeto de esas misivas explosivas la ministra de Defensa, Margarita Robles, las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

En su resolución, el magistrado atribuía el delito de terrorismo a Pompeyo González porque si bien no hay indicios de que pertenezca ni colabore con banda o grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan, el contexto en que se produce (la guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en el caso de la Embajada de Ucrania) y los destinatarios de sus acciones, «evidencian que en el ánimo de dicho procesado está presente (...) el objetivo de alterar la paz pública».

Indicios racionales

Sobre los indicios racionales de criminalidad que le sitúan como autor de las cartas, Calama recordaba que en la entrada y registro en su domicilio en enero de 2023 se hallaron diversas varillas cilíndricas que podían corresponder con los que alojaban los pistones incendiarios de los artefactos explosivos caseros. Además, se encontraron tornillos y muelles similares al percutor utilizado en las cartas y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas para la elaboración de los referidos artefactos.

Sumaba a esto que del análisis de su dispositivo móvil, se halló que se había instalado las aplicaciones de medios gubernamentales rusos.

Otro indicio es que los sobres de cartón dirigidos al Ministerio de Presidencia, Embajada de EE.UU., y a la base de Torrejón de Ardoz, que no explosionaron, se encontraron matasellos del Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Valladolid, código número 47. Y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de ese centro pusieron de manifiesto que esos artefactos habían sido procesados en el mismo.

Al realizar la trazabilidad de los sobres en sentido inverso, se vio que las rutas de los camiones de reparto permitían constatar que los envíos «podrían haber partido de diferentes buzones exteriores de la localidad de Burgos».

Además, el análisis de los sellos estampados determinó que las dos únicas expendedurías donde se pudieron comprar eran dos estancos situados Burgos. En cuanto a los sobres, el magistrado apunta que sus características conducían a una web de venta online, que una vez requerida facilitó que Pompeyo González había adquirido sobres de esas características para Miranda de Ebro.