Explosión de una carta bomba en la embajada de Ucrania en Madrid con un herido leve

Una pequeña deflagración ha causado el caos esta mañana en la embajada de Ucrania en Madrid. Era la una de la tarde cuando un empleado de la delegación diplomática ha abierto una carta dirigida al embajador: le ha explotado en la cara. Se trataba de un pequeño artefacto, que sólo le ha causado heridas leves en el dedo anular de una mano. Los médicos de la embajada le han atendido en un primer momento y después lo han trasladado a un centro médico en el que ha sido atendido. Sobre las tres de la tarde le han dado el alta.

Según ha podido saber El Debate, el empleado se habría saltado el protocolo y no habría pasado la carta por el escáner habilitado para ello. De haberlo hecho, los especialistas no dudan de que se habría detectado la carta explosiva. Tras la deflagración se ha activado el protocolo antiterrorista: entre otras cosas, implica que se desplazasen al lugar guías caninos y Tedax. Estos agentes han sido los encargados de hacer una requisa (inspección) global de las instalaciones. El objetivo, garantizar que no había más artefactos explosivos ni sustancias radiológicas o biológicas.

Una vez asegurada la estancia en la que se ha producido la deflagración, ha entrado en escena Criminalística. Son los encargados de hacer la inspección ocular y recabar pruebas del sobre y del artefacto para tratar de detectar su origen y quién puede estar detrás del envío. Se han intentado revelar huellas y se han recogido muestras de ADN, sobre todo de la parte de pega, por si el autor hubiese chupado el sobre. De la investigación se ha hecho cargo la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

El magistrado encargado del caso será el titular del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Es el mismo que está comandando las pesquisas, por ejemplo, del robo de datos económicos a través el Punto Neutro Judicial, dependiente del Consejo General del Poder Judicial o del caso Pegasus que persigue averiguar quién pudo introducirse de forma ilegítima en los móviles de varios ministros y del propio Presidente del Gobierno.