Dos policías lesionados en una protesta de Tsunami declaran que temieron por su vida y que son víctimas de terrorismo

Dos policías que sufrieron heridas de gravedad durante una protesta en Barcelona atribuida a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic' tras la sentencia del procés han declarado este martes en la Audiencia Nacional que temieron por sus vidas y que se consideran víctimas de terrorismo.

Así lo ha explicado el abogado José María Fuster-Fabra, del despacho Fuster-Fabra Abogados, tras las preguntas de los periodistas después de la declaración de los dos policías como testigos-perjudicados ante el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea.

En su declaración, los agentes han relatado que sufrieron una situación de «violencia extrema» por parte de grupos organizados que congregaron a entre 2.500 y 3.000 personas, si bien no han entrado a comentar si creían que era 'Tsunami Democrátic' u otra organización.

La protesta tuvo lugar el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, a los pocos días de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del proceso independentista catalán.

Uno de los agentes –los dos están jubilados por las heridas que sufrieron– ha resaltado al juez que estaban convencidos de que los grupos violentos querían que hubiera algún agente muerto. «Ellos veían que lo que buscaban era que hubiera no solamente lesionados, sino que hubiera fallecidos», ha indicado el abogado, para remarcar que los manifestantes querían hacer «el máximo daño posible».

Además, los policías han relatado que aparecía gente de las calles adyacentes que tomaba el relevo de los que estaban ocupando la primera fila de la protesta. «Sabían perfectamente dónde estaban ubicadas las unidades policiales y en el momento en que una quedaba desabastecida de material de antidisturbios, ellos aprovechaban para atacar y esa unidad tenía que ser, a su vez, reemplazada por otra», ha señalado Fuster-Fabra.

«Es decir, desde la perspectiva de personas que están muy acostumbradas a enfrentarse a manifestaciones, el nivel de organización era absoluto», ha subrayado.

Según Fuster-Fabra, uno de los agentes ha narrado que vivía en Cataluña y que pasó un «drama familiar» al hacerse pública su imagen, ya que sus hijos padecieron acoso escolar, tuvieron que «malvender» la casa y cambiar de domicilio.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración han indicado a EP que los agentes heridos han asegurado que tardaron más de lo normal en ser trasladados al hospital porque los manifestantes cortaban las calles y que, además, tuvo que ponerse seguridad en esos centros por temor a nuevos ataques.

Después de comparecer ante el juez, uno de los agentes ha señalado en declaraciones a los medios que tienen «confianza plena en la Justicia» y que lo único que quieren, como «víctimas de terrorismo», es que lo que padecieron tenga «las repercusiones que tiene que tener».

El policía ha incidido en que sintió peligro por su vida y que, además de resultar dañada su integridad física, psicológicamente también arrastra «muchas secuelas», ya que sufre estrés postraumático.

Ha explicado que fue un adoquín de grandes dimensiones lanzado desde la azotea de un edificio el que le impactó en un brazo y le provocó una fractura abierta por la que se ha sometido a dos intervenciones quirúrgicas.

«Ese fue mi último servicio, me jubilaron por una incapacidad permanente total», ha contado, antes de calificar la intervención en esa protesta como «la más dura de todas» en las que participó como policía. «De hecho, alguna vez hemos trabajado en el País Vasco y en Pamplona y nunca habíamos visto algo de tal magnitud como lo que se vivió en Barcelona esos días», ha asegurado.

Preguntado sobre qué le parece que la ley de amnistía vaya a perdonar esos hechos, ha preferido no comentar las consecuencias de la medida de gracia y ha reclamado que lo que pasó en Barcelona en esas fechas «no se vuelvan a producir». «Porque fue una auténtica salvajada, que no vuelva a pasar, que no vuelva a ocurrir», ha esgrimido.

Las lesiones

En el escrito por el que solicitaron personarse en la causa, la representación de sendos agentes explicaba que el 18 de octubre de 2019 se produjeron diferentes disturbios «protagonizados por sectores radicales violentos» que tuvieron como objetivo de sus ataques, entre otros, las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Laietana.

Detallaba el escrito que esas dependencias eran custodiadas por efectivos de las Unidades de Intervención Policial y recordaba que el 18 de octubre, en el marco de las protestas, los dos agentes se encontraban dando protección a esa comisaría.

Tras horas de «hostilidades», explicaba el despacho Fuster-Fabra Abogados, llegó «un grupo de personas encapuchadas y embozadas» que «usando técnicas de combate similares al terrorismo callejero practicado en comunidades autónomas como el País Vasco, comenzaron a lanzar (...) todo tipo de objetos contundentes con una indudable capacidad lesiva, incluyendo botellas y latas en cuyo interior había líquido corrosivo».

Fue en ese contexto cuando uno de los dos policías fue «alcanzado en su mano derecha por el impacto de una botella rota», lo que le hizo caer al suelo y notar «un fuerte dolor fruto de esa lesión».