García-Castellón cita a declarar a Marta Rovira y otros investigados por Tsunami

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García- Castellón ha citado a la dirigente de ERC Marta Rovira y otros investigados por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic –aunque varios están huidos– a declarar por videoconferencia desde Barcelona el próximo 22 de mayo.

Además, el juez ha ordenado una serie de diligencias por las actuaciones desarrolladas por Tsunami el 9 de noviembre de 2019, jornada previa a las elecciones generales, y que, a su juicio, podrían constituir una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral por parte de los responsables políticos de la Generalitat por no haber impedido su celebración.

A pesar de que el juez permite a los investigados declarar por videoconferencia, esta circunstancia se antoja improbable para la dirigente de ERC Marta Rovira, que sigue huida de la Justicia en Suiza y no se presupone que viaje a Barcelona a tal efecto.

Ocurre lo mismo con otros dos imputados que se han desplazado a Suiza en las últimas semanas. Es el caso del dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el periodista Jesús Rodríguez. También el informático Jaume Cabaní está en el extranjero, aunque se desconoce su paradero.

Así, los únicos investigados que sí podrían declarar desde Barcelona serían el jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep LLuis Alay; el exconseller de ERC Xavier Vendrell; la militante de ERC Marta Molina y el empresario Oriol Soler. En cuanto a Nicola Flavio, el magistrado pide a Italia que proceda a su localización y toma de declaración por videoconferencia.

Respecto a las diligencias ordenadas, el juez repasa los acontecimientos registrados durante el 9 de noviembre y señala que toda esta secuencia permite evidenciar el conocimiento que el Gobierno de la Generalitat tuvo de los actos convocados por Tsunami para la jornada de reflexión prevista para aquel día.

Según el juez, el presidente de la Generalitat en aquel momento, Quim Torra, conocía la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central, y que la Generalitat era competente para impedir esos actos, como así le requirió expresamente la Junta Electoral Provincial de Tarragona, aunque no lo hizo.