Un tsunami de recursos ralentiza la investigación de la Audiencia Nacional en la causa terrorista del separatismo catalán

Un tsunami de recursos de reposición y apelación. Ésa es la estrategia de las defensas de una buena parte de los imputados en la causa de la Audiencia Nacional que investiga como terrorismo las protestas orquestadas por el separatismo catalán a, en 2019, tras concocerse el contenido de la sentencia dictada por el Supremo contra los cabecillas del procés. Una dinámica que ha ido ralentizando las pesquisas principales del procedimiento que, hoy por hoy, se centra en resolver todos los incidentes planteados por los imputados para cuestionar la competencia del magistrado instructor, Manuel García-Castellón, oponerse a las diligencias solicitadas o cuestionar, ante la Sala Penal del propio órgano, cada una de las decisiones tomadas por éste.

Sin embargo, no sólo los recursos de los afectados han ido condicionando la evolución de las actuaciones de García-Castellón. Los esfuerzos de la Fiscalía por cambiar la calificación provisional de terrorismo que preside el caso –al hilo de los disturbios que se produjeron en el centro de Barcelona en el asedio a la Comisaría de la Policía Nacional, en plaza de Urquinaona, o durante la toma del aeropuerto del Prat de la capital Condal–, tras conocerse los resultados de las elecciones generales del 23-J, tampoco han contribuido en el avance de las cosas con la agilidad que, en todo momento, han tratado de imprimirle tanto el juez encargado como as víctimas personadas en la causa.

Así las cosas, el procedimiento atribuye, provisionalmente, la dirección y participación de varios politicos próximos a ERC y Junts en los disturbios organizados por la plataforma 'Tsunami Democràtic', dos años después de celebrarse el referéndum inconstitucional del 1-O, para escenificar su malestar con el fallo condenatorio del Supremo que envió a una buena parte del Govern del prófugo Carles Puigdemont, a prisión. Marta Rovira, el empresario Oriol Soler o el exsecretario de Organización de los republicanos, Xavier Vendrell son algunos de los más de 20 investigados.

De hecho, uno de los últimos reveses sufridos en el marco de las pruebas solicitadas por el juez Manuel García-Castellón era la negativa de las Autoridades de Suiza a cooperar con él en la averiguación del domicilio e identificación de las cuentas bancarias de Rovira en dicho país, donde reside desde que se fugase de España hace ya varios años para evitar la acción de la Justicia que acabó con más de trece años de cárcel para el líder de su partido, Oriol Junqueras.

La filtración de la respuesta suiza a la petición formulada por el magistrado instructor, antes de que éste la recibiese, provocaba un escándalo a nivel judicial y la apertura de una investigación paralela sobre lo ocurrido para depurar responsailidades. Poco tiempo más tarde, y como avanzaba El Debate en primicia, el Gobierno convocaba una doble plaza de juez de enlace para Francia y Suiza, a la medida de la que fuera ex ministra de Justicia Pilar Llop, que está pendiente de adjudicarse.