El terrorismo de Tsunami complica a Puigdemont: el juez cita a los dos policías heridos y reclama a Marta Rovira

Bajo orden de búsqueda y captura si no responden, en tiempo y forma, al llamamiento judicial. Los investigados en la causa por terrorismo abierta en la Audiencia Nacional por los altercados de la plataforma Tsunami Democràtic en Barcelona, en 2019, tendrán que comparecer ante el magistrado encargado de la misma, el juez Manuel García-Castellón, la próxima semana. Entre ellos, la dirigente de ERC Marta Rovira, para declarar por videoconferencia desde Barcelona el miércoles día 22. En plena resaca electoral, tras el batacazo de su partido en los últimos comicios autonómicos del pasado domingo en Cataluña –de los que el magistrado quiso distanciarse sin tomar ninguna decisión que pudiese interferir en el proceso electoral– Rovira se enfrenta, de manera inexorable, a la Justicia española de la que, precisamente, se fugó hace más de seis años para, desde entonces, fijar su residencia en Suiza

Rovira no es, sin embargo, la única pieza clave de lo ocurrido en aquellos aciagos días de otoño, un año después de la huída de Carles Puigdemont, en los que miles de personas convocadas a través de canales como Telegram, acudieron a bloquear el aeropuerto del Prat y asediar la comisaría general de la Policía en el centro de la capital Condal, en protesta por las condenas del Supremo a los cabecillas del procés.

La que fuera 'mano derecha' del líder de Junts, en los planes para «desestabilizar» España, tras la sentencia del alto Tribunal, se enfrenta ahora a un escenario incierto. No sólo porque su rival político directo, en otra época aliado, aspira a gobernar en Cataluña con el beneplácito del PSOE y de Pedro Sánchez desde Madrid, aún a costa de la victoria del socialista Salvador Illa, sino porque lo hace en plena implosión de los republicanos y con la Ley de Amnistía todavía pendiente de aprobarse en el Congreso.

El juez también ha pedido localizar a otros investigados como el empresario Oriol Soler; la republicana Marta Molina, el ex secretario de organización de Esquerra, Xavier Vendrell; Josep Lluis Alay, el periodista Jesús Rodríguez Sellés; al considerado tesorero de Tsunami, Jaume Cabani; o, al dirigente de Omnium Cultural, Oleguer Serra a quienes señala por omisión del deber de perseguir un delito electoral que, como responsables de la Generalitat, pudieron haber impedido pero no evitaron. Una buena parte de ellos han ido saliendo de nuestro país, rumbo al extranjero, al igual que hicieron en su momento tanto Puigdemont como Rovira.

En el centro, las víctimas

García-Castellón empezará, en cualquier caso, escuchando a las víctimas de lo ocurrido y su versión de los hechos para poner negro sobre blanco en las pesquisas. No en vano, este mismo martes, tomará declaración como perjudicados en la causa sobre 'Tsunami Democràtic' a dos de los agentes de policía que sufrieron heridas de gravedad en los incidentes ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, tras conocerse la sentencia del procés.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordó «recibir declaración como testigos-perjudicados» a sendos agentes a partir de las 10.00 horas. Ya en el escrito por el que solicitaron personarse en la causa, el abogado de los policías explicó cómo el 18 de octubre de 2019, y tras la sentencia del TS que condenó a los líderes separatistas del referéndum inconstitucional del 1-O, se produjeron diferentes disturbios «protagonizados por sectores radicales violentos» del independentismo, que tuvieron como objetivo de sus ataques, entre otros, las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Laietana.

El mismo letrado detallaba que esas dependencias eran custodiadas por efectivos de las Unidades de Intervención Policial y recordaba cómo, en aquella fecha, en el marco de las protestas, los dos agentes se encontraban dando protección a esa comisaría. Y cómo, también, tras horas de «hostilidades», llegó «un grupo de personas encapuchadas y embozadas» que «usando técnicas de combate similares al terrorismo callejero practicado en comunidades autónomas como el País Vasco, comenzaron a lanzar (...) todo tipo de objetos contundentes con una indudable capacidad lesiva, incluyendo botellas y latas en cuyo interior había líquido corrosivo».

Ataques tipo «terrorismo urbano»

Fue en ese contexto cuando uno de los dos policías fue «alcanzado en su mano derecha por el impacto de una botella rota», lo que le hizo caer al suelo y notar «un fuerte dolor fruto de esa lesión», describía el abogado del despacho Fúster Fabra en su pormenorizada descripción de los hechos, dirigida al magistrado.

Ese mismo día, pero horas más tarde, sobre las 20.00 horas, ese mismo agente se encontraba en la Plaza de Urquinaona junto a otros compañeros parapetados «ante la imposibilidad de avance por la intensidad de los ataques, de estilo terrorismo urbano o Kale Borroka, que estaban sufriendo con adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje».

Fue ahí cuando recibió «un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo».

El segundo de los agentes que se personó también estaba en esa plaza y recibió «un fuerte impacto en su mano» que le provocó «una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento, y que, tras varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía», provocó que fuera jubilado a la edad de 45 años.