El expresidente catalán Carles Puigdemont
El juez amplía 30 días el secreto de la causa por la presunta injerencia rusa en el 'procés'
Argumenta que las diligencias todavía no han finalizado y que la policía «sigue efectuando investigaciones de carácter bastante complejo que obligan inexcusablemente a acordar la prorroga del secreto»
El juez de Barcelona que investiga la presunta injerencia rusa en el procés ha prorrogado durante un máximo de 30 días el secreto de las actuaciones en esta pieza separada del caso Volhov, dado que se trata de diligencias «de naturaleza extremadamente delicada que obligan a adoptar esta medida».
En un auto, adelantado por El Nacional y al que ha tenido acceso EFE, el juez sustituto del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Juan Fernando Luis Criado, prorroga durante un máximo de 30 días el secreto de estas diligencias, coincidiendo con los últimos trámites parlamentarios antes de la aprobación de la ley de amnistía.
El juez declaró secreta esta pieza el pasado 12 de marzo en base a «la extrema sensibilidad de la investigación» y «con la finalidad de evitar perturbaciones en el desarrollo de esta investigación tan delicada».
En esta ocasión, en un auto fechado el pasado 10 de mayo, ha argumentado que las diligencias todavía no han finalizado y que la policía «sigue efectuando investigaciones de carácter bastante complejo que obligan inexcusablemente a acordar la prorroga del secreto», por espacio máximo de 30 días.
Se trata de una de las piezas del llamado caso Volhov, cuya investigación acordó el juez prorrogar con un auto el pasado día 28 de enero para conocer las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para lograr su apoyo en el 'procés' de 2017.
En ese auto de enero, el juez titular del juzgado, Joaquín Aguirre, consideraba que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron «estrechas relaciones personales» con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar «económica y militarmente» la independencia de Cataluña.
El juez Aguirre sostenía que, de la instrucción de la pieza separada del caso Volhov sobre los supuestos contactos en Rusia para el procés, se desprendían inicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una «legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos» y de que su entorno llegó a reunirse con «los más altos capos de la mafia rusa».
En esa pieza separada de la causa, que empezó en 2016 como una investigación por el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades afines a CDC, están investigados Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, el informático de Waterloo Jaume Cabaní y el excargo de CDC Víctor Terradellas, entre otros.
Según el juez, en la causa se ha acreditado que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, intercambió una serie de mensajes con Alay que revelan «de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin», dado que señalaban que el expresidente catalán no debía criticar a Vladimir Putin por el caso del disidente Navalny ni al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko.
