La «legislatura del avance» cumple medio año sumida en una parálisis casi total

«Señorías, comparezco para proponer el camino del avance, el camino de la mayoría, el camino del progreso». Es una de las frases que Pedro Sánchez pronunció en su discurso de investidura, el pasado 15 de noviembre. Sin embargo, seis meses después no hay avance, sino parálisis casi total en lo legislativo. Y la mayoría que invocaba el presidente en el Congreso ni está ni se la espera hasta que no se resuelva el puzle catalán. Como poco, porque, aun resolviéndose en favor de Salvador Illa en Cataluña, después puede haber venganza de Carles Puigdemont en Madrid.

La legislatura cumple su primer medio año de vida desde la formación del nuevo Gobierno de coalición y, de seguir así, va camino de convertirse en una de las más improductivas de la democracia. El balance habla por sí mismo: una única ley con fecha definitiva de aprobación, la de la amnistía (el 30 de mayo). Una veintena de leyes atoradas en el trámite parlamentario, encadenando ampliaciones de sus respectivos plazos de enmiendas.

Unos Presupuestos Generales muertos antes de nacer, los de 2024, y otros en duda, los de 2025. Dos decretos ley aprobados por los pelos en enero, y después de que el PSOE se comprometiera con Junts a ceder a Cataluña las competencias en materia de inmigración. Un decreto ley caído por venganza de Podemos contra Yolanda Díaz. Y la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución con el voto indispensable del PP, después de casi tres años de negociaciones para cambiar el término «disminuidos» de la Carta Magna por «personas con discapacidad».

Al comienzo de la legislatura, los socialistas dieron prioridad absoluta a la ley de amnistía, que los ha llevado más de medio año aprobar por las exigencias de Puigdemont, a pesar de que la registraron por el trámite de urgencia. Ello, sumado a la heterogeneidad de sus socios –cuando no, a veces directamente incompatibilidad– y al cuádruple ciclo electoral (gallegas, vascas, catalanas y europeas), han convertido este mandato en un solar legislativo.

Una veintena de leyes en cola

En el Congreso se acumulan 20 proyectos de ley registrados durante estos meses por el Gobierno y cuatro proposiciones de ley del grupo parlamentario socialista. Y la inmensa mayoría no tiene ni fecha ni visos de aprobación. Con la excepción de la ley de enseñanzas artísticas, que, al margen de la ley de amnistía, es la única que por ahora ha superado la gincana de la Cámara Baja y está en el Senado.

Ello a pesar de que muchas de estas iniciativas no son nuevas, sino que proceden de la anterior legislatura, pero decayeron cuando Sánchez adelantó las elecciones generales. Por ejemplo, la Ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres; la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario; la Ley de atención a la clientela y la Ley de Familias.

Otros dos de los proyectos de ley en tramitación corresponden a los dos decretos ley que el Gobierno logró que el Congreso convalidara en enero. A cambio se comprometió con sus socios a tramitarlos como proyectos de ley para que los grupos pudieran presentar enmiendas. Uno de los decretos ley prorrogaba varias medidas anticrisis y otro fue el conocido como decreto ómnibus, porque modificaba varias leyes en materia de justicia, fondos europeos y mecenazgo a la vez.

Tan mal lo pasó el PSOE para convalidarlos que aprendió la lección. De aquella, Sánchez decidió no tentar más a la suerte y evitar el decreto ley salvo en caso de «extraordinaria y urgente necesidad»; que es, en teoría, a los supuestos a los que está limitado por la Constitución, aunque con la pandemia y la guerra de Ucrania el Gobierno se dio barra libre la pasada legislatura.

Este jueves, el PSOE y Sumar celebraron la primera reunión de la comisión de seguimiento de su acuerdo de gobierno. «El encuentro ha servido para impulsar el cumplimiento del acuerdo del Gobierno progresista de coalición, especialmente de las medidas sociales ante la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024», señalaron después en un comunicado conjunto.

La renuncia de Sánchez a presentar los Presupuestos de este año, dando por hecho que Junts y ERC no se los iban a aprobar en plena refriega electoral, tampoco ha ayudado al movimiento en este arranque de la legislatura. Porque gobernar con unas cuentas prorrogadas del año anterior es limitante para la acción de cualquier Ejecutivo.

Además, podría ser peor en el futuro, si Puigdemont se niega a aprobar los de 2025. La intención de Yolanda Díaz es empezar a negociar con los grupos parlamentarios en verano, pero todo pasa por Cataluña. Desde el equipo del presidente creen que aún es pronto para pensar en los Presupuestos de 2025, cuando hay elecciones europeas a la vuelta de la esquina –el 9 de junio– y más dudas que certezas en el escenario catalán.

En ese encuentro en el Congreso, el PSOE y Sumar acordaron crear un grupo de trabajo para desarrollar «medidas de regeneración democrática». Medidas que también deberán pactar con el resto de los socios. Y lo visto hasta ahora es que Sumar, Podemos y los independentistas quieren ir más lejos que el PSOE. Por ejemplo, en una Ley de Información Clasificada (sustitutoria de la actual Ley de Secretos Oficiales) que ya la pasada legislatura quedó varada por discrepancias entre la mayoría Frankenstein.

Con todo, la portavoz del Gobierno afirmó el martes desde la sala de prensa de la Moncloa que a esta legislatura le quedan «más de tres años por delante». Pilar Alegría no especificó cómo ni qué seguridad tiene el presidente de ello.