Los fiscales del 1-O se plantan ante García Ortiz por la Ley de Amnistía: «No se puede borrar la malversación»

el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido este jueves con los fiscales de Sala del Supremo, encargados de la acusación pública en el juicio del procés quienes siempre se han mostrado críticos a la aplicación de la amnistía.

Según ha podido saber El Debate en avance, tanto Javier Zaragoza, como Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena han trasladado a García Ortiz su visión unánime sobre el contenido de la norma recién aprobada en el Congreso y todos habrían coincidido en que, tal y como está redactada y concebida, no cabe «el borrado penal del delito de malversación» que afecta, entre otros, al expresidente catalán y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont.

En un extenso informe de más de un centenar de páginas, que ya habría sido consignado por escrito a su atención en el registro correspondiente, antes del encuentro mantenido, los cuatro fiscales han recogido, una a una, las razones legales por las que, a su juicio, la Ley de Amnistía excede de los marcos establecidos en nuestro ordenamiento. Y, como mínimo, presenta muy serias dudas de su encaje, tanto en clave nacional como de Derecho Comunitario europeo, en lo relativo al delito de malversación que pesa tanto sobre el líder de Junts, como sobre el resto de procesados y condenados por el referéndum inconstitucional del 1-O.

Cabe recordar que Fidel Cadena, fiscal jefe de Sala y Sección en el conocido como 'generalato' de la institución ya se opuso, de manera férrea, y con argumentos jurídicos muy sólidos al intento –finalmente consumado por la número dos de la Fiscalía General, Ángeles Sánchez Conde– de que el informe del Ministerio Público sobre la investigación por terrorismo de Puigdemont, en el caso Tsunami Democrátic, continuase ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, como pedía la exposición motivada del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Unidad de criterio de actuación

La intención de García Ortiz, tanto con esta reunión, como con la convocatoria que mañana ha circulado a los fiscales catalanes con causas pendientes sobre el procés, era la de fijar el posicionamiento del Ministerio Público ante la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso, de cara a su aplicación. Pese a que el fiscal general apostaba por consensuar una unidad de criterio de actuación, en una materia de enorme trascendencia tanto jurídica como política, se ha encontrado con el pormenorizado informe de los cuatro fiscales encargados del procedimiento en el Supremo. Un dictamen que le ha pillado por sorpresa pero que se ha comprometido a revisar con detenimiento y sobre el que se espera que se pronuncie en próximas fechas.

Mañana viernes será el turno del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres; de los cuatro fiscales jefes provinciales de Gerona, Tarragona, Lérida y Barcelona; y, de los seis fiscales jefe de área de dichas territoriales. No en vano, sólo en dicha comunidad autónoma permanecen vivos más de trescientas causas vinculadas, derivadas o relacionadas con el procés, tanto por la consulta ilegal convocada el 1 de octubre de 2017, como por los altercados y la violencia que se produjeron dos años después en la capital, tras conocerse las condenas impuestas por el Supremo a los cabecillas políticos de la Generalitat.

El pasado 5 de diciembre, el titular del Ministerio Público quien, hasta la fecha, se ha negado a convocar un Pleno extraordinario del Consejo Fiscal para pronunciarse sobre la norma que aspira al borrado penal del procés, no tenía inconveniente en dar instrucciones al fiscal jefe de la provincial de Barcelona para que le remitiese –a través de la Secretaría Técnica de la Fiscalía– toda la «información tanto de procedimientos judiciales en trámite como de aquellos que hayan sido archivados o enjuiciados y sentenciados».

Así lo hacía constar entonces su número dos, Ana Isabel García León, en un oficio remitido «por indicación del fiscal general del Estado», el pasado día 1 de diciembre, a su compañero de la provincial de la capital catalana, «a la vista de la complejidad de la materia y el breve plazo que para la aplicación de la amnistía prevé la proposición de ley orgánica» que, ahora, ya ha sido aprobada.