Puigdemont, fugado. ¿Y ahora qué?

Una vez técnicamente aprobada la polémica Ley de Amnistía, pactada para el borrado del procés entre el Gobierno y sus socios de investidura, Junts y ERC, la pregunta es inmediata: ¿y ahora qué va a pasar con el prófugo Carles Puigdemont?. La respuesta de la mayoría de los juristas es que aunque la norma haya completado su periplo parlamentario, de vuelta en el Congreso, Puigdemont no podrá volver a pisar suelo español con la certeza de que no será detenido.

Los delitos de terrorismo y posible traición –ambos de naturaleza transacional, que pesan sobre él en las causa de Tsunami Democràtic, ante el Supremo, y el 'caso Voloh', en Cataluña–; los flecos que condicionan la aplicación directa de la norma, que será recurrida prejudicialmente a Europa por el Alto Tribunal y algunas comunidades autónomas, quedando en suspenso; y, la orden de búsqueda y captura nacional que todavía continúa vigente, empañan las aspiraciones más directas de regreso del líder de los separatistas catalanes.

Los jueces tendrán la última palabra sobre su futuro inmediato. Y es que, aunque el texto legal de la Amnistía establece un plazo máximo de aplicación «urgente» de la misma, dos meses a contar desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tanto la cuestión previa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como las cuestiones y/o recursos de inconstitucionalidad ante el TC tendrán efectos suspensivos, también, sobre esa cláusula.

Así las cosas, Puigdemont se asoma a una disyuntiva: volver a Cataluña para tomar posesión de su acta de diputado, la que obtuvo como resultado de las pasadas elecciones autonómicas catalanas del 12-M y ser detenido –quizás no por ese mismo orden– o renunciar a la última oportunidad que tiene de regresar a España para adquirir un estatus similar al que ostentaba cuando huyó, horas antes de que se le notificase de manera oficial la citación para comparecer ante el instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena.

En el primero de los casos, si acepta recoger su acta como diputado del Parlament, se vería ante la tesitura de pasar algunas horas en el calabozo, tras ser detenido para su puesta a disposición judicial como reza la orden vigente en territorio nacional. Pero es que, además, perdería automáticamente su condición de eurodiputado y por lo tanto, en firme, la inmunidad que ya le fue retirada por Europa (aunque pendiente de resolverse su último recurso sobre la cuestión) y, con ello, su aforamiento ante el Supremo.

El segundo de los escenarios, tampoco es el ideal. Puigdemont no será candidato a las elecciones europeas, como cabeza de lista de su formación Junts, por lo que el refugio belga, sin protección parlamentaria –y sin el respaldo económico de los empresarios que, hasta la fecha, han venido soportando los elevados gastos del ex president en Waterloo– podría ser una condena autoimpuesta, incluso peor, que la de regresar a rendir cuentas ante el Estado español por liderar el referéndum inconstitucional del 1-O.