El Gobierno arremete contra el juez del caso Begoña y le acusa de meterse en la campaña

La citación a Begoña Gómez para que declare como imputada arruinó al Gobierno la comparecencia de lucimiento que tenía preparada para el último Consejo de Ministros antes de las elecciones europeas. Una que, en teoría, iba a estar protagonizada por la puesta en marcha de la segunda edición del programa Verano Joven, dotado con 130 millones de euros para que los jóvenes de entre 18 y 30 años viajen por España y Europa a precios de ganga; y por la aprobación del anteproyecto de la ley de protección digital de los menores.

Pero ambas cosas quedaron en un segundo plano y el Ejecutivo reaccionó furibundo a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a la mujer de Pedro Sánchez para el viernes 5 de julio, por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Por la citación en sí y porque ésta se haya producido a cinco días de los comicios.

La ministra portavoz mostró repetidamente su «extrañeza» por la «casualidad» de que esta noticia se haya producido «esta semana -en alusión a la campaña- y a través de los medios de comunicación». No obstante, Pilar Alegría reiteró la «absoluta tranquilidad» del Ejecutivo. «Sabemos que aquí no hay nada», sostuvo, y para ello esgrimió el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el caso Begoña, favorable a ésta. Lo que no puso de manifiesto la portavoz fue que, el pasado miércoles, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la decisión del juez instructor de abrir una causa, tras pedirle la Fiscalía que instara a Peinado a cerrarla.

«Lo que hay es una campaña del fango de la derecha y la ultraderecha, del PP y Vox (…). Esta denuncia está basada en mentiras y bulos de tabloides digitales», señaló Alegría, que matizó que el Ejecutivo respeta la «separación de poderes».

Delante de los micrófonos, la portavoz no quiso responder a la pregunta de que si el Gobierno cree que el juez está prevaricando. Pero, sin cámaras, en el Ejecutivo hablan abiertamente de una operación «burda» contra el PSOE que, según ellos, puede acabar volviéndosele al PP en contra. «Hay armas de doble filo. Esto ha sido tan evidente…», señalan fuentes gubernamentales en alusión a la citación en plena campaña.

Desde el Gobierno sostienen que no tiene ningún sentido que el juez Peinado haya citado a declarar a Gómez sin esperar a la declaración de los testigos que han sido citados. Ahí está uno de los meollos de la cuestión. La semana pasada, el abogado de la mujer de Sánchez, el exministro Antonio Camacho, pidió al juez que aplazara la declaración de testigos, prevista inicialmente para este jueves, porque tenía otro juicio. De manera que le iba a ser imposible asistir.

En realidad, el movimiento del abogado iba encaminado a obligar al juez a congelar el caso Begoña hasta después de las elecciones europeas. De la misma manera que el Gobierno ha congelado la publicación de la ley de amnistía en el BOE hasta después del 9 de junio, para que el Supremo no se inmiscuya. Lo malo para el Ejecutivo es que lo segundo está en su mano, pero lo primero no.

Desde la misma mesa en la que este martes comparecieron Alegría, la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente, el Gobierno ha pedido este año la dimisión de la presidenta madrileña varias veces. No solo por los problemas de su novio con Hacienda, que también, sino incluso por el comportamiento de su jefe de Gabinete. Hoy, por el contrario, no se oyó a la ministra portavoz ni a ningún otro de los comparecientes hacer la más mínima alusión a una posible responsabilidad política del presidente.

Desde el Ejecutivo insisten: «Antes o después, el caso quedará archivado». Y también se lamentan: «No pensábamos que iba (el juez Peinado) a llegar tan lejos».