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Carles Puigdemont, en un mitin en Bruselas este sábadoEFE

Tribunales

El Constitucional condiciona la vuelta de Puigdemont tras anular el voto telemático del Paralament

A menos de una semana para el Pleno fundacional de la nueva Cámara catalana, el TC ha amparado al PSC contra la autorización recibida, en la anterior legislatura, por el también fugado Lluis Puig

Entre los diputados electos que, el próximo lunes día 11 de junio, están llamados a conformar el nuevo Parlamento catalán está el ex presidente Carles Puigdemont y los prófugos Ruben Wagensberg (ERC) y el ex consejero Lluis Puig. Y, por decisión del Tribunal Constitucional todos ellos, también el líder de Junts, tendrían que asistir presencialmente para emitir sus votos en la nueva Cámara resultante de las elecciones autonómicas celebradas el pasado 12-M. Un escenario que, con la Ley de Amnistía pendientes de publicación para su entrada en vigor complica, un poco más todavía, el ya por sí cuestionado regreso de Puigdemont a nuestro país, sin ser detenido.

Así lo ha determinado la Corte de Garantías en la reciente sentencia que ha dado amparo al Partido Socialista Catalán (PSC) en el recurso instado contra el voto telemático que, precisamente en la pasada legislatura, permitió a Puig pronunciarse desde la distancia. Una resolución que, según los expertos consultados por El Debate, podría extender sus efectos tanto a Puigdemont como a Wagensber, si bien en el caso de este último, dado que se encuentra de baja laboral, en la práctica, está habilitado para delegar su voto en un tercero, de acuerdo con la propia normativa del Parlament.

De entrada, la decisión de acatar –o no– este reciente fallo del TC descansará en la Mesa de Edad de la Cámara, que de acuerdo con la convocatoria oficial del presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés, deberá constituirse en la fecha fijada. El órgano estará integrado por los separatistas Agustí Colomines (Junts) y Mar Besses (ERC), así como por Júlia Calvet (Vox). Y, llegados a este punto, cabe recordar que la decisión de los republicanos para alcanzar un acuerdo con el resto de partidos políticos del arco parlamentario, que hoy por hoy excluye a los socialistas del control desu órgano rector, es su exigencia de que se garanticen «los derechos políticos de los diputados exiliados».

El escenario no parece, por lo tanto, el más favorable a un acercamiento entre los separatistas y el PSC de Salvador Illa cuando, nada más conocerse el sentido del fallo del Constitucional, los de Oriol Junqueras aseguraban que con la impugnación presentada, y la respuesta recibida, sólo se «busca torpedear que salga escogida una Mesa antirrepresiva garante de los derechos de los diputados aún afectados por la represión». No en vano, de la presidencia y constitución definitiva de la ésta cuelga, previa ronda de consultas, el candidato que será designado para liderar el Govern y Puigdemont disputa la plaza a Illa. Una proclamación oficial de la presidencia de la Cámara, en manos de ERC, le obligaría a deshacer su huída y volver del extranjero para ser investido.