Fiscalía y Abogacía del Estado salen al rescate de Sánchez para la aplicación total de la amnistía

el choque de trenes ha llegado a la cúpula de la judicatura en España, tras la publicación de la Ley de Amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que supone la entrada en vigor de la polémica norma. Una vez se ha completado este último requisito, imprescindible para su aplicación, todos los tribunales con procedimientos vinculados al procés catalán, han movido ficha para dar un plazo de entre 5 y 10 días a las partes personadas en cada uno de ellos, incluídas la Fiscalía y la Abogacía del Estado, con el objetivo de que se pronuncien sobre su extensión y efectos.

Ambas instituciones saldrán al rescate del Gobierno –que ha pactado con Junts y ERC el contenido de una ley pensada para beneficiar a sus miembros procesados o condenados– apostando por la aplicación total e inmediata del borrado penal del procés y el levantamiento de las medidas cautelares todavía vigentes como, por ejemplo, la orden de búsqueda y captura que, por el momento, impide al prófugo Carles Puigdemont poner en un pie en nuestro país sin ser detenido.

Así se lo comunicaba el instructor de la causa en el Alto Tribunal, el magistrado Pablo Llarena, a los interesados, a los que daba un plazo para ser escuchados. El mismo que sus compañeros de la Sala Segunda del Alto Tribunal, con el juez Manuel Marchena al frente, con la intención de escuchar los planteamientos procesales de estos antes de tomar una decisión sobre la materia.

Según ha podido confirmar este diario de fuentes próximas a los letrados públicos, a los que en este momento ya no representará la abogada Rosa Seoane, presente durante todas las sesiones de la vista pública del juicio a los separatistas catalanes ante el Alto Tribunal, la Abogacía del Estado será favorable al encaje de la norma para todos los delitos que pesan sobre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros. La institución ya manifestó su perfil bajo con el procés catalán cuando pidió que los separatistas fueran condenados por sedición, frente al resto de las acusaciones que, en su momento, reclamaban una sentencia acorde con penas propias del delito de rebelión.

Por otra parte, tal y como avanzaba El Debate hace algo más de una semana, la posición del Ministerio Público en la causa del procés es muy relevante porque marcará, sin duda, el criterio a seguir en aquellos procesos sobre la materia que están pendientes de abordarse tanto en la Audiencia Nacional, para el terrorismo de Tsunami Democrátic, como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en las Audiencias Provinciales y Juzgados de la comunidad autónoma. Una postura que nace internamente enfrentada y que habrá de resolverse antes de que se cumpla el plazo dado por el Supremo para conocer la visión de los fiscales.

Una orden obligatoria e «improcedente»

Hasta en cuatro ocasiones distintas se ha negado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pronunciarse sobre la Ley de Amnistía durante su tramitación. No sólo rechazando la petición mayoritaria de los vocales del Consejo Fiscal para emitir un comunicado oficial sobre la polémica norma sino, también, ocultando a su máximo órgano consultivo la petición del Senado para informar sobre la legalidad del texto, hurtando sus competencias y desatendiendo el deber de cooperación institucional.

Sin embargo, una vez que el texto ha sorteado todas las exigencias, García Ortiz comunicaba verbalemente a los fiscales del procés ante el Supremo, este miso martes, que impondrá un criterio único a favor de la aplicación de la Ley y que será «de obligado cumplimiento».

Ante lo cual los cuatro fiscales del procés en la causa especial del Alto Tribunal, por su parte, le dejaban claro que no firmarían un informe diferente del ya presentado. De manera que consideran «improcedente» y no ajustada a Derecho, cualquier otra instrucción que se les dé, en cualquier otro sentido. No en vano, todos ellos se remitían al extenso informe, de más de cien páginas avanzado por El Debate, entregado la semana pasada a su superior, donde se recogen las razones jurídicas por las que, a su juicio, la redacción definitiva de la Amnistía deja fuera la malversación.

Y, así las cosas, están dispuestos a invocar el artículo 27 de su Estatuto (EOMF), un mecanismo previsto en caso de discrepancia con su superior jerárquico, para que sea la Junta de más de treinta fiscales del Alto Tribunal –el denominado 'generalato' de la Fiscalía– el que resuelva el conflicto.

Si llegado el caso, el cónclave de la Carrera se inclinase por apoyar el enfoque del fiscal general, podrían darse dos escenarios. Por una parte que Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno cambiasen de opinión y aceptasen defender la posición definida por la mayoría de sus compañeros, aún siendo opuesta a la suya, en respuesta a la Sala Segunda del Supremo sobre cómo afecta la amnistía a los procesados y condenados de la causa especial del 1-O. Por otra, que los cuatro fiscales se mantengan firmes en que la malversación atribuida a estos queda fuera de los delitos beneficiados por el borrado penal en curso.

En este último caso, García Ortiz tiene la opción de apartarlos del caso y designar a otros encargados para hacer frente a las actuaciones procesales ante el TS como ya sucedió, recientemente, en la causa deTsunami Democrátic que recaló en manos de la número dos del escalafón, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, para eliminar el terrorismo que el ponente inicial del caso sí había admitido para Puigdemont. En aquelloa ocasión, pese a los esfuerzos del fiscal general por imponer su criterio en el seno de la institución, los jueces del Supremo terminaron avalando un enfoque contrario que, de repetirse con la amnistía, supondría un nuevo escándalo, ya inasumible, en su cuestionado mandato.

Cabe recordar que, llegados a este punto, las pesquisas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) instadas por el novio de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos, estrechan cada vez más el cerco sobre la posible actuación irregular de García Ortiz en su deber de confidencialidad y que, según algunas fuentes, «su situación procesal podría cambiar» por lo que el fiscal general estaría acelerando las gestiones para dejar «arreglado» el borrado penal del procés antes de llegar a estar imputado en el Supremo y de verse obligado a dimitir del cargo.