García Ortiz busca apoyos a la aplicación de la amnistía pese a la oposición de los fiscales del procés

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, convocaba este viernes a los fiscales de los Tribunales con causas derivadas del procés separatista catalán con la intención de «unificar el criterio» de la institución sobre la Ley de Amnistía aprobada, ayer, en el Congreso. Una reunión en la que se daba cita con algunos de los fiscales de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas y de los órganos judiciales de Cataluña pese a que la oposición férrea de los cuatro miembros de la Fiscalía del Supremo al frente de la causa especial del 1-O, que ayer le adelantaron la imposibilidad de «borrar la malversación», hace complicado que se dé un posicionamiento homogéneo sobre la materia, en el seno de la institución.

Según ha podido saber El Debate, tras la «sorpresa inicial» de García Ortiz, al conocer la existencia de un informe crítico con la norma, en su encuentro de los jefes de Penal del Alto Tribunal y el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, el fiscal general ha planteado la reunión de este viernes como un nuevo intento por «coordinar» la respuesta del Ministerio Público.

No en vano, una vez la Amnistía haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los fiscales dispondrán de un plazo de diez días para reportar a los diferentes tribunales, en «todos los órdenes jurisdiccionales e instancias», sobre cómo ha de interpretarse la aplicación de la norma a los procesados y encausados.

García Ortiz aspira a que los pronunciamientos sean lo más homogéneos posible –como ya planteó, aunque de manera errónea por los resultados obtenidos, con la conocida como 'Ley del Sí es Sí'–, en espera que la ley beneficie a los principales dirigentes de Junts y ERC y su entorno, a los 12 CDR procesados y a los investigados por 'Tsunami Democràtic', entre otros. Cabe recordar que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que el texto legal ampararía a 372 personas, mientras que el colectivo de abogados Alerta Solidaria habla de 419.

Los cuatro fiscales del Supremo, críticos

La norma fija que los tribunales tendrán que aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses. Sin embargo, las mayores expectativas están sobre el Supremo, que tiene sobre la mesa varios causas de calado relativas al 'procés'.

No sólo aquellas ya sentenciadas, como la especial que falló con penas de prisión e inhabilitación para los condenados, ya indultados, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell o varios de los consejeros del Govern de la Generalitat; sino, también, las de los procesados en rebeldía, que dirige el magistrado Pablo Llarena contra los prófugos, entre los que se encuentran el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.

Pero, también, la causa abierta por presunto delito de terrorismo en 'el caso Tsunami Democràtic', que afecta a Puigdemont y al exdiputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg.

Así las cosas, la Sala Segunda del Supremo no tomará ninguna decisión sobre cómo abordar la aplicación de la amnistía sin antes haber escuchado a todas las partes, incluida la propia Fiscalía, a quien pedirá que se pronuncie, como al resto de acusaciones y defensas, una vez se haya formalizado la entrada en vigor de la norma.

De ahí que la reunión mantenida este mismo jueves, en la que el fiscal general se topaba con la oposición de los cuatro fiscales del procés a avalar la amnistiabilidad de la malversación, tal como está concebida en el texto definitivo de la norma aprobada, fuese tan relevante como delicada.

No en vano, tal y como adelantó El Debate en exclusiva, en el informe de más de cien páginas confeccionado por los fiscales del 'procés', y ya en poder de García Ortiz, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno adelantaban los principales escollos para encajar el desvío de fondos públicos, perpetrado por los cabecillas políticos del procés, en el marco del borrado penal pactado por el Gobierno socialista y sus socios separatistas de investidura.

Todos ellos, por unanimidad, consideran que la malversación sí incurrió en un ánimo de lucro, aunque no fuese personal, supuso un beneficio patrimonial para sus autores y, con ello, que afectó de manera negativa a los intereses financieros de la UE. Según el criterio de los cuatro fiscales tanto Puigdemont, como otros 6 dirigentes del procés desviaron el erario de los catalanes para «fines inconstitucionales destinados a conseguir sus propósitos».