La fiscal de Madrid declara que García Ortiz le ordenó la publicación «inmediata e imperativa» de datos confidenciales del novio de Ayuso

A pesar de todos los intentos del fiscal general del Estado por impedir que la querella por revelación de secretos presentada por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llegase a buen puerto, Alvaro García Ortiz no ha logrado evitar la declaración de la testigo clave del caso, la fiscal jefe superior de Madrid, Almudena Lastra. La titular de la Fiscalía autonómica ha confirmado hoy ante el instructor de la causa, el juez Francisco José Goyena que fue el propio García Ortiz quien le envió un whatsapp con el texto de la nota que contenía datos confidenciales del empresario Alberto González Amador y le ordenó que la publicase desde su oficina de prensa. Una orden a la que, como publicó El Debate en exclusiva, Lastra se negó.

Según adelantan fuentes judiciales a El Debate, Lastra habría confirmado que fue el propio fiscal general del Estado quien, inicialmente, pidió a la titular provincial de Madrid Pilar Rodríguez, en situación de querellada, el total de los mails intercambiados entre el fiscal asignado a la causa Julián Salto y el abogado de la pareja de Díaz Ayuso, en el marco de la causa tributaria en la que se investigaba a este último, por un posible delito de fraude y otro de falsedad documental.

Para cumplir con la solicitud, Rodríguez sacó de un partido de fútbol de la Liga de Campeones, entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, al fiscal Salto, en la noche del 13 de marzo, con el objetivo de que el remitiese «ya mismo» los correos. Unas comunicaciones que la fiscal provincial tuvo, en su posesión, desde antes las 22.00 horas de ese mismo día, y una hora y media antes de que se hiciese eco de las mismas el primer medio de comunicación, la cadena SER.

Siempre según la versión dada por la fiscal Lastra en su comparecencia de hoy ante el juez Goyena, que arrancaba a las 10.30 horas, una vez los mails estuvieron en poder de la cúpula fiscal, fue la oficina de comunicación de la Fiscalía General del Estado la que envió el texto de una nota, ya redactada, con extractos literales del contenido de los mismos, al jefe de prensa de Fiscalía de la comunidad de Madrid, el día 14 a las 6.30 horas de la mañana.

Tanto la responsable de dicha territorial, Almudena Lastra, como su director de comunicación se negaron entonces a publicar la nota y éste, también citado este jueves a declarar en sede judicial, amenazó con dimitir si la misma llegaba a emitirse con el sello institucional porque, para ambos, «estaba claro que suponía una lesión abosluta de la confidencialidad prevista en la ley» para las negociaciones incluidas en los pactos de conformidad que, además, era «completamente innecesaria» a todos los efectos.

Ante la negativa de la fiscal Lastra y su equipo a cumplir las órdenes «inmediatas e imperativas» de García Ortiz, serían sus homólogos de la Fiscalía provincial quienes recogiesen el encargo de divulgar el documento word original –creando para ello uno nuevo con el sello correspondiente, en el que se eliminaron los rastros de los metadatos que apuntaban directamente a la FGE– y que terminó por enviarse a la prensa a través del grupo de mensajería que la provincial tiene activo con varios periodistas.

Ésta contundente información es la que el fiscal general del Estado ha tratado de mantener ajena al conocimiento del magistrado Goyena, instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) quien, este mismo miércoles, emitía una breve pero contundente providencia publicada por este diario en exclusiva, en la que rechazaba la maniobra extraprocesal de García Ortiz, que aunque no es parte en la causa ni está «llamado» por el juez, pedía por escrito elevar las pesquisas al Supremo –donde él es aforado–, aunque sosteniendo, en todo momento, que no hubo nada delictivo en lo ocurrido.

Así las cosas, las pesquisas no han hecho más que estrechar el cerco sobre el fiscal general del Estado –Álvaro García Ortiz– quien, aunque en su momento ya asumió la «responsabilidad última» de lo ocurrido, desde un punto de vista institucional, y recientamente volvía a reiterarla ante e juez instructor, pese a que no estaba «llamado» en el procedimiento, ni es partedel mismo, podría verse implicado penalmente, en las próximas semanas, previa «exposición razonada», ante la Sala Segunda del Alto Tribunal.