Sánchez afirma que su plan para controlar el poder judicial será «constitucional y respetuoso»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que presentará el Gobierno si el PP no llega a un acuerdo será «respetuosa» con la Constitución. El presidente ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras reunirse con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en laVIII Reunión de Alto Nivel bilateral hispano-turca. «Queremos liberar al poder judicial del secuestro político. Queremos despolitizar el poder judicial. La propuesta será respetuosa, constitucional y acorde con la ley europea», ha afirmado.

Sánchez ha apuntado que la reforma legislativa que propondrá el Gobierno de coalición al Congreso para desbloquear el CGPJ se está inspirando en algunas propuestas, entre ellas la del propio Consejo General del Poder Judicial. Precisamente, el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, ha arremetido esta mañana contra el plan de Sánchez. Preguntado sobre quién hará los nombramientos ha señalado que «ahí nada tiene que ver el Gobierno».

«Lo que queremos es despolitizar el CGPJ», ha subrayado, tras sostener también que su meta es «liberar al CGPJ del secuestro político en el que lleva sumido consecuencia del bloqueo del PP» y que hay que dar un paso para «regenerar un órgano de gobierno que lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis».

El presidente del Gobierno ha evitado avanzar más datos sobre el contenido de esta posible reforma con el argumento de que es importante plantear el detalle una vez se conozca el resultado de la negociación con el PP, al que le ha dicho que «no hay excusa que valga» para no renovar.

«Lo más importante ahora es que tenemos un plazo, el mes de junio, para llegar a un acuerdo con el PP, para que decida si es un partido constitucional o no», ha afirmado.

Ha insistido el presidente en que «el día de la marmota se acabó» porque ha durado 2.000 días, 5 años, y porque el bloqueo del Consejo provoca un gasto de 12,5 millones al año, 1.000 asuntos de retraso y un 30 % de plazas sin cubrir en el Tribunal Supremo o 72 plazas en tribunales superiores y audiencias provinciales, junto con la paralización de la carrera de miles de jueces.

Oleada en contra

Su intención ha levantado numerosas voces en contra. Entre ellas, la de Vicente Guilarte, presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, que ha lanzado una advertencia ante las palabras esgrimidas este miércoles por Pedro Sánchez sobre la renovación del CGPJ. El presidente ha avisado de que los nombramientos «deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional» y que «no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno».

La propuesta también ha suscitado la oposición frontal de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación mayoritaria de jueces, que considera que «la propuesta de Pedro Sánchez de privar al CGPJ de la facultad de hacer nombramientos es inaceptable y un auténtico atropello constitucional». «Lamentablemente —prosigue— otro más que se suma a los permanentes ataques que cada día recibimos los jueces de este país».

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado asegurando que el PP va a «defender al Estado del Gobierno» y no aceptará «chantajes» ni «órdagos» ni «amenazas».

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha insistido este jueves en que el Gobierno no va a «prolongar esta indignidad constitucional hasta 2025», en referencia al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, aunque ha reiterado la voluntad del Gobierno de renovar este órgano judicial «con consenso», ha insistido que se analizarán «alternativas para evitar que continúe esta degradación».

Así lo ha trasladado durante la inauguración del 38º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, que se celebra estos días en Vigo, y ha explicado que, una vez concluido el ciclo electoral, el Ejecutivo retoma su «deseo» de renovar el Consejo «por consenso, pero urgentemente» y «con el ánimo de restaurar la Constitución en el poder judicial».

Según ha incidido, la «voluntad» del Gobierno es hacerlo «convenciendo a los responsables de este incumplimiento». «Pero no vamos a prolongar esta situación de indignidad constitucional hasta 2025. Ni España ni nuestra democracia puede permitírselo», ha zanjado.

Manuel Olmedo se ha referido, en ese sentido, a la adopción de «medidas tendentes a evitar el pulso partidista y politizado de la Justicia», sobre todo en el nombramiento de los cargos de carácter discrecional, «haciendo ese nombramiento más objetivo, transparente, despolitizándolo».