Sánchez fía el éxito de su asalto a la Justicia en el TC, que ha salvado sus leyes más polémicas

Tras las elecciones europeas y a pesar de sus resultados en las urnas, o precisamente por su derrota, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunciaba en una entrevista televisada que trabaja en dos paquetes de medidas de «regeneración democrática» que, en realidad, son una estrategia política con la que aspira, por una parte, a controlar la Judicatura y, por otra, ahogar económicamente a todos aquellos medios que han ido destapando informaciones relacionadas con el caso de corrupción que afecta a su mujer, Begoña Gómez.

Para ello tendrá que abordar una reforma legal de la que, por el momento, no ha dado más detalles y cuyo contenido real se reserva hasta julio pero lo que sí ha deslizado es que, sea como sea, su salvoconducto para lograrlo es doble: por una parte, la mayoría de siglas que aglutina en el Congreso, del que aseguró que «emana de la soberanía nacional»; y, por otra, el Tribunal Constitucional, órgano que renovó a la medida tanto de sus necesidades, como de las de sus socios separatistas, y al que fía el éxito de sus propuestas normativas. Con razón porque el Ejecutivo socialista no ha perdido una sola votación en el seno de la Corte desde que Cándido Conde-Pumpido llegase como presidente.

De hecho, nada más resultar elegido para el cargo el ex fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero estrenaba el «rodillo» del que ha hecho gala en las discusiones más delicadas de este último año y medio, dejando sin representación institucional al bloque profesional de la Corte –en minoría de cuatro magistrados y con una vacante sin cubrir– tras designar como vicepresidenta a Inmaculada Montalbán, también izquierdista, pese a que no cumplía con el criterio de encontrarse en el último tercio de su designación.

Desde entonces y hasta la fecha, Conde-Pumpido ha pisado el acelerador para salvar las causas de abstención y las recusaciones planteadas a todos los magistrados que fueron miembros del Gobierno, en sus etapas anteriores, o que por sus cargos previos, como él mismo cuando fue fiscal general del Estado, tuvieron conocimiento de algunos de los textos legales en discusión. La Ley 'Aído' del aborto, los decretazos del Consejo de Ministros sin control parlamentario, la Ley Celáa, la Ley Zerolo, la eutanasia, la rectificación al Supremo en la condena a Arnaldo Otegi por su intento de reeditar Batasuna, el visto bueno a la okupación, la Ley Rider, los vetos de la Mesa del Congreso a las propuestas de la oposición, la prohibición de rezar frente a las clínicas abortivas y, cómo no, la luz verde al primer bloqueo de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),... el TC ha dado la razón en todo a Sánchez.

Y lo ha hecho, incluso, a costa de alterar los consensos doctrinales consolidados y establecidos, para beneficiar la adopción de resoluciones favorables a las leyes y normas aprobadas o, en su caso, recurridas por el Ejecutivo central. Desde la última renovación de la Corte no han dejado de sucederse las críticas que alertan sobre la deriva del TC «más politizado de la democracia» que «excediéndose en sus funciones» está «actuando como poder constituyente», incluso a costa de incumplir «sus propias posiciones previas» en las cuestiones de mayor «calado democrático».

Sánchez es consciente de que una futura y eventual modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que se incluya la rebaja de las mayorías de elección de los vocales del CGPJ en el Congreso y el Senado, actualmente situadas en tres quintos, requerirá de artillería pesada y no sería ni fácil de acometer, sin el colchón del Constitucional, ni sencilla de defender ante Europa. No en vano Bruselas ya la frenó en su anterior tentativa y nada hace presagiar que la UE fuese a cambiar de opinión, por mucho que el momento elegido para consumar el asalto a la Justicia patria sea, precisamente, en pleno verano, con media España de vacaciones y con las instituciones comunitarias en plena transición, tras las votaciones celebradas el pasado domingo 9-J.

De ahí que, el 'plan B' en la que trabaja el Ministerio de Justicia pasa por denaturalizar al CGPJ, hurtándole la potestad para hacer los nombramientos discrecionales de jueces y magistrados que le corresponden por mandato constitucional. Una función que, en realidad, el actual CGPJ ya no posee, desde 2021, aunque hasta la fecha Sánchez y sus socios sólo se habían atevido a eliminar cuando el órgano se encontrase prorrogado. Ahora, el Gobierno aspira a transformar en constante lo que inicialmente se planteó como una situación provisional para obligar al Partido Popular a pactar una renovación que –sin una reforma previa para despolitizar el sistema de elección acutal– no ha llegado.

Así las cosas, con la Ley de Amnistía ya en vigor pero en el limbo de su posible aplicabilidad, o no, a los cabecillas políticos del procés catalán, condenados o prófugos, pendiente de su encaje constitucional. Con el anuncio intervencionista de Sánchez sobre la mesa parlamentaria que llegará en unas semanas, quince días como muy tarde, para colonizar la cúpula judicial española. Y con una presunta ley de medios en cocina, que servirá para controlar los contenidos de las publicaciones de la prensa crítica con el Gobierno, el TC de Conde-Pumpido tendrá que emplearse a fondo con la apisonadora.