El TC de Conde-Pumpido ventila más de una veintena de causas políticas a favor del Gobierno en un solo año

Ha bastado un año para que el Tribunal Constitucional, renovado a la medida de Pedro Sánchez, ventile de un plumazo las causas más políticas favorables al Gobierno socialista: un total de seis en sus primeros tres meses de vida. Tras la llegada de Cándido Conde-Pumpido a la Presidencia de la Corte, una vez consumado el vuelco izquierdista de la mayoría del Pleno, la oposición política no ha ganado ninguno de los recursos presentados contra los decretos o las leyes más ideológicas y polémicas del Ejecutivo.

El veterano jurista bendecido por Moncloa para liderar el órgano de Garantías ha hecho valer su gestión, hasta en dos ocasiones, en sendos comunicados sin precedentes. Las cifras son demoledoras para la oposición política. Más de una veintena de recursos ganados por el PSOE, frente a apenas dos salvados por el PP, es el balance provisional de los doce primeros meses de un TC dividido sin solución que tendrá que decidir, todavía, sobre la eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación en el Código Penal, pronunciarse acerca de la norma catalana que elimina parte del español en las aulas o sobre el encaje legal de la amnistía, ya en marcha para conseguir el favor de los separatistas catalanes de Junts y Esquerra.

Conde-Pumpido arrancaba su mandato desempolvando la cuestión más antigua del Tribunal, la ley «Aído» aprobado durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, para apuntalar el sistema de plazos de la interrupción voluntaria del embarazo. Para ello, se consagró el aborto como un pseudo derecho fundamental de la mujer, en una decisión sin precedentes entre los países de nuestro entorno.

Y ha cruzado su última línea roja, esta misma semana, para dar la razón al diputado de Podemos Alberto Rodríguez invadiendo, para ello, competencias exclusivas del Supremo, convirtiéndose en una suerte de cuarta instancia de su Sala Segunda y corrigiendo, por primera vez en su historia, un fallo impuesto por el Alto Tribunal. La brecha abierta «descabellada, retorcida y sin base jurídica alguna», como denunciaron algunos de los expertos consultados por El Debate, supuso «reconstruir de forma improcedente» los términos en los que «se planteó la demanda de amparo» del ex político canario.

Por el camino, el Constitucional ha utilizado los siete votos favorables del ala izquierdista para avalar la ley de eutanasia, la ley educativa ‘Celáa’, la ley Rider o la mal llamada reforma laboral de Yolanda Díaz; dar luz verde al uso sistemático de los decretos del Consejo de Ministros, como un mecanismo sistemático –en lugar de extraordinario y urgente– para legislar; o, rectificar al Supremo en la sentencia con la que ordenó a la Audiencia Nacional repetir el juicio contra Arnaldo Otegi, por su intento de rehabilitar Batasuna.

La mayoría zurda del TC no ha tenido reparo alguno en anular la reforma fiscal del ministro popular Cristóbal Montoro, mientras con una diferencia de apenas 24 horas daba su visto bueno al «atropello» impuesto por los socialistas a las grandes fortunas; en denegar el recurso con el que la derecha trató de evitar el «veto sistemático» de Sánchez al debate parlamentario de sus propuestas legislativas; tampoco en respaldar que el Gobierno se negase a facilitar, en sede parlamentaria, los informes de los que en su momento dispuso para aprobar algunas de sus medidas normativas como, por ejemplo, el dictamen del Consejo de Estado sobre los fondos europeos tras la pandemia o los que la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, se negó a solicitar al Ejecutivo de los indultos a los separatistas.

Además, el TC ha dado la razón a Sánchez, y los que fueron sus socios de coalición durante la pasada legislatura, en su modificación exprés para bloquear la función de los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras estuviese prorrogado en su mandato. Una sentencia que, como la casi totalidad de las dictadas, contó con un durísimo voto particular que denuncia los «excesos» de la mayoría izquierdista de la Corte en su interpretación constitucional para enjuagar todas las maniobras jurídicas del Gobierno.

Y lo ha hecho, incluso, a costa de alterar los consensos doctrinales consolidados y establecidos para favorecer la adopción de resoluciones favorables a las leyes y normas aprobadas o, en su caso, recurridas por el Ejecutivo central. Desde la última renovación de la Corte no han dejado de sucederse las críticas que alertan sobre la deriva de un TC que «excediéndose en sus funciones» está «actuando como poder constituyente», incluso a costa de incumplir «sus propias posiciones previas» en las cuestiones de mayor «calado democrático».

Así las cosas, en todo este tiempo, el Partido Popular tan sólo ha logrado salir airoso ante la Corte de Conde-Pumpido en un par de ocasiones. La primera, con el recurso que presentó, en busca de amparo para dos de sus senadores, frente al veto del Senado a la reducción del IVA en las peluquerías. La segunda, en el pleito iniciado por los socialistas madrileños por el voto rogado de Madrid. Por unanimidad, El TC denegó al PSOE su intento de recontar los votos por correo recibidos en dicha comunidad autónoma durante las pasadas elecciones generales del 23-J.