El TC se prepara para avalar la ley Montero del aborto usando referencias literales de la sentencia anterior

Será en la convocatoria de la próxima semana donde el Constitucional deje respaldada la nueva 'ley Montero' del aborto que se aprobó, en la pasada legislatura, tras ser impulsada por el Ministerio de Igualdad en manos de la que fuera diputada de Podemos, Irene Montero, y de la que la norma toma su nombre coloquial. El Pleno de la Corte de Garantías dará luz verde al texto, que amplía las consideraciones de la interrupción voluntaria del embarazo, apoyado en su pronunciamiento anterior sobre la misma materia, la 'ley Aído'. Un «exceso» que ya fue denunciado, en su momento, por los cuatro magistrados que suscribieron el voto particular contrario al resultado mayoritario.

Ya entonces, El Debate adelantó que la Corte de Garantías lejos a la de declarar la pérdida del objeto de algunas cuestiones planteadas en la ocasión anterior –como la retirada del requisito de información previa suficiente a la mujer o la posibilidad de que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno– una vez hubo entrado en vigor de la modificación de Montero, que afectaba a estos aspectos, optó por un pronunciamiento amplio para salvar, por adelantado, el recurso que había planteado Vox y que se confirmará a partir del próximo lunes.

De hecho, y según ha podido anticipar este diario, la ponente del fallo que se someterá a votación en el cónclave, de mayoría izquierdista, la magistrada Laura Borrás, ha incluido citas literales de párrafos contenidos en la resolución anterior, donde ya se hacía referencia a estas cuestiones con la intención de sentar un precedente doctrinal en el que poder apoyar la inminente decisión que está por llegar.

De nuevo la interrupción voluntaria del embarazo se someterá, un año después de que el TC resolviese la constitucionalidad del aborto, trece años después de su aprobación, de acuerdo con la regulación por el sistema de plazos de 2010. La sentencia, que se analizará esta semana, volverá a incidir en la idea de que el aborto como un 'pseudoderecho' fundamental de la mujer, parte de su «ámbito razonable de autodeterminación que requiere la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con su derecho a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad».

En contra de la tesis de los más de 50 diputados de Vox que presentaron recurso ante la Corte –y sostienen que la Ley 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modificó la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo vulnera el derecho a la vida, a la libertad ideológica y a la igualdad y los principios de libertad y pluralidad y legalidad– la mayoría de los miembros del TC ahondará en la idea de que es un derecho derivado de la dignidad de la mujer y de su libertad de actuación, por lo que queda protegido por la literalidad del artículo 10 de nuestra Carta Magna.

En concreto, la propuesta que ha presentado la magistrada Díez, es favorable a la eliminación del consentimiento paterno para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar, un aval de los progenitores que fue incorporado como exigencia reforzada en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y, también, a la supresión absoluta de la información previa para que la mujer pueda tomarse un breve período de reflexión antes de adoptar una decisión tan final e irrevocable. Esto es, el Constitucional dará por buena cualquier elección de la mujer en materia de interrupción del embarazo, sin necesidad de escuchar las recomendaciones médicas o profesionales que, hasta la fecha, eran imprescindibles.