Feijóo ve en el ultimátum de Sánchez sobre el CGPJ un «chantaje» que le aleja de «cualquier acuerdo»
El líder del PP considera que la postura del presidente del Gobierno de renovar el Poder Judicial unilateralmente es «ilegal e inconstitucional»
Las negociaciones a cuenta de la renovación del Poder Judicial en España siguen dando de qué hablar. La pasada semana se conoció que el PP había solicitado de nuevo la mediación de la Comisión Europea y el presidente del Gobierno dio un ultimátum a los populares para cerrar un acuerdo o reformaría por sí mismo la ley, algo que Alberto Núñez Feijóo ve como un «chantaje» que le aleja de «cualquier tipo de acuerdo».
«La posición del señor Sánchez es establecer un ultimátum de que va a reformar unilateralmente la ley orgánica del Poder Judicial. También hemos intuido, aunque no lo ha concretado, que está dispuesto a ejercer un control férreo desde el PSOE y sus aliados sobre CGPJ», explicó el presidente del Partido Popular tras la reunión del su grupo europeo en Bruselas. Ese sería, según él, «el camino inverso» a seguir, que alejaría «cualquier tipo de acuerdo» con su partido.
Feijóo aseguró desconocer los detalles del ultimátum de Sánchez, que definió como un «chantaje». «No sabemos en qué consiste ni sabemos si es definitivo o no, pero no nos preocupan los ultimátums ni los chantajes del presidente del Gobierno porque entendemos que su propuesta es ilegal e inconstitucional en los términos que ha planteado», afirmó.
Dejó también claro en qué lugar se encuentra el Partido Popular en las negociaciones porque «es la misma» que ha tenido siempre. Asegura que el ultimátum ni les «vincula» ni les «preocupa» y que firmará «todo aquello que sea avanzar en la independencia judicial».
En cuanto a la financiación singular que prepara el Gobierno para Cataluña a cambio de la investidura de Illa como presidente de la Generalitat, Feijóo advierte que está «abocada al fracaso». «No existe esa posibilidad. No creo que ni siquiera haya un presidente socialista de una comunidad que esté en disposición de renunciar a lo que le corresponde en beneficio de otra comunidad autónoma», indicó.