Pedro Sánchez con la imagen de su mujer detrás, en un mitin en Hospitalet
Hacia la 'kirchnerización'
Sánchez se dispone a legislar para su mujer con la excusa de la «máquina del fango»
En los seis años que él lleva en la Moncloa, ni el Gobierno ni el PSOE han impulsado una sola medida sobre los derechos al honor y de rectificación. Hasta que ha llegado el caso Begoña
Pedro Sánchez no se ha preocupado ni ocupado de actualizar las leyes que protegen el derecho al honor y que regulan el de rectificación hasta que su mujer se ha visto envuelta en un caso de presunto tráfico de influencias que ha acabado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, y por el que está siendo investigada.
El presidente del Gobierno anunció este domingo en La Vanguardia que el «plan de acción democrática» -así lo ha llamado- que presentará en julio incluirá la modificación de dos leyes orgánicas que datan de comienzos de los años 80. Se trata de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación. Según él, para «acabar con la impunidad de algunos pseudomedios financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha del PP y Vox». Es decir, contra «la máquina del fango».
En los seis años que lleva en la Moncloa, ni Sánchez, ni su Gobierno, ni tampoco el PSOE habían reparado en la necesidad, ahora imperiosa, de engrasar los derechos a la rectificación y al honor en el ordenamiento jurídico español. Pero ahora que afectan a Begoña Gómez se han convertido en una prioridad para el presidente.
La prueba está en que, en este tiempo, los socialistas no han registrado una sola iniciativa parlamentaria al respecto. Y en los sucesivos Planes Anuales Normativos del Gobierno (los de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024), éste no manifiesta la más mínima intención de reformar cualquiera de las dos normas. Ni siquiera en el de este año, que fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de marzo.
En los primeros meses del mandato de Sánchez, a finales de 2018, las Cortes aprobaron la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que tiene un artículo, el 85, dedicado al derecho de rectificación en Internet. Sin embargo, en realidad se trató de una ley del PP: fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que la redactó y tramitó antes de la moción de censura. Sánchez se la encontró hecha, aunque su aprobación definitiva se produjo ya bajo su mandato. Además, en los más de cinco años y medio que la norma lleva en vigor, los socialistas no han hecho nada para desarrollarla.
La ley está más pensada para las redes sociales que para los medios de comunicación en Internet. Ésta estipula: «Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz».
El derecho de rectificación
Por lo que se refiere a la ley que regula el derecho de rectificación, la única iniciativa en seis años de gobiernos del PSOE ha venido desde el PP, y tímidamente. En marzo de 2023, el entonces senador del PP Fernando de Rosa -ahora diputado- registró una moción para que se debatiera y votara en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de las Cortes. Ésta instaba al Ejecutivo a adoptar medidas para «frenar las conductas tendentes a fomentar la desinformación como medio de restar calidad a nuestro sistema democrático».
En su argumentación, el parlamentario del PP planteaba que había llegado el momento de reformar una ley orgánica de hace cuatro décadas: «Igualmente sería oportuno plantear una reforma de la Ley Orgánica 2/1984, 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. Dicha ley permite solicitar a través de un juicio verbal la rectificación de noticias publicadas o difundidas en medios de comunicación. Debería ampliarse su ámbito de adecuación para permitir la solicitud de rectificación de informaciones difundidas en la red. La Ley Orgánica contempla un modelo de rectificación por escrito, de noticias publicadas ‘en medios de comunicación’. Esta ley no contempla aspectos relacionados con la red y ‘noticias’ que no se hayan difundido o publicado por sujetos que no sean medios de comunicación, por lo que los ciudadanos no tenemos instrumentos para poder reaccionar por esa vía», avisaba De Rosa. Esta moción, como tantas otras iniciativas parlamentarias, decayó con el adelanto electoral del año pasado. De todas formas, tampoco habría prosperado.
La pasada legislatura, el Gobierno y sus socios aprobaron la Ley General de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, en ella no hay desarrollo alguno de los derechos de rectificación y al honor. Su articulado se limita a remitirse a las leyes de los 80: «La comunicación audiovisual respetará el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas y garantizará los derechos de rectificación y réplica, en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales».
La semana pasada, Begoña Gómez envió a El Debate un escrito de rectificación en el que, entre otras cosas, negaba haber registrado un software de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid a su nombre. Algo que pudo ser rebatido por este periódico con documentos.
