Sánchez amenaza a los medios críticos con una modificación de las leyes del derecho al honor y de rectificación

Quiénes son los propietarios, cómo se financian y una «medición objetiva» antes de conceder cualquier subvención pública y una modificación de la Ley orgánica sobre el derecho al honor y a la rectificación. Estos son las principales medidas con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende controlar los medios de comunicación para hacer desaparecer aquellos que no le son favorables, según ha desgranado en una entrevista al periódico La Vanguardia.

El presidente del Gobierno ha asegurado que estas medidas son las trasposición de la ley de libertad de los medios de comunicación que se aprobó en abril en el Parlamento Europeo.

Sánchez presentará en julio, en plenas vacaciones de verano, este plan al que denomina «de acción democrática» y con el que pretende «acabar con la impunidad de algunos 'pseudomedios' financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox».

El presidente ha reprochado a PP, Vox y al nuevo partido Se Acabó la Fiesta que propaguen bulos y desinformación en medios de comunicación, y ha valorado que existe una «polarización asimétrica» que, a su juicio, proviene del no reconocimiento por parte de la derecha de los resultados de las elecciones generales.

Reforma del CGPJ

Preguntado sobre una posible reforma de la judicatura, Sánchez ha propuesto cambiar el sistema para que la cúpula judicial la escojan los mismos jueces: «Ahora la carrera de los jueces está más ligada al poder de cooptación (llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella, según la RAE) del PP que a los méritos y las capacidades de los jueces», ha afirmado.

Sánchez ha explicado que la reforma se propondrá mediante una ley orgánica y ha remarcado que «el plan está preparado y será plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo».

El presidente ha añadido que cuando el Gobierno se refiere a 'lawfare' no se dirige al poder judicial, sino a PP y Vox, textualmente, sobre la politización de la justicia: «No hay mayor caso de 'lawfare' en España que el secuestro político del PP y de Vox del Consejo General de Poder Judicial», ha criticado.