Sánchez pasa al ataque e inicia la gran purga contra jueces y medios críticos en nombre del pueblo

El Gobierno con la mayoría parlamentaria más precaria e inestable de la democracia se ha propuesto controlar a la Judicatura mediante el nombramiento de jueces afines y ahogar económicamente a los medios de comunicación que están informando sobre el caso Begoña y, ahora también, sobre el del hermano del presidente.

La respuesta que Pedro Sánchez dio este miércoles al resultado de las urnas (su partido fue derrotado por 700.000 votos y cuatro puntos) fue anunciar lo que venía barruntando desde finales de abril, cuando un juez de instrucción imputó a su mujer y se tomó cinco días de reflexión. Un doble paquete con medidas de supuesta «regeneración democrática» con el que salir al ataque, después de meses viéndose obligado a estar a la defensiva. Y con el unir a sus socios nuevamente detrás de una causa común, una vez aprobada y descontada la ley de amnistía.

El salvoconducto de Sánchez es el Congreso. Sabe que la mucha o poca fuerza que tiene reside en la Cámara Baja. No en el Congreso y el Senado, porque en la Cámara Alta el PP tiene mayoría absoluta. Solo en el Congreso. En este contexto, el presidente empezó a deslizar en el plató de TVE su estrategia, resumida en dos frases: «Todo poder emana de la soberanía nacional. Es decir, del Congreso de los Diputados», sostuvo.

En otras palabras: el Congreso es plenipotenciario y todo lo que aprueben Sánchez y sus socios allí será incuestionable desde el punto de vista democrático y legal porque viene del mandato del pueblo. Pero la realidad es que esta afirmación enmienda el artículo 1 de la Constitución, según el cual: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Todos los poderes, y el Congreso es solo la mitad de uno de los tres poderes, el legislativo.

Este argumento ya fue esgrimido por los socialistas y sus aliados con la ley de amnistía, a pesar de que fue aprobada por la mínima: 177 votos a favor y 172 en contra. En abril, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ya estableció una distinción clara entre ambas cámaras: «La soberanía recae en las Cortes Generales, pero en particular en el Congreso», afirmó. Aquello le valió una reprobación en el Senado.

El presidente dio ayer un ultimátum a Alberto Núñez Feijóo desde TVE para que se avenga a renovar el CGPJ antes de que acabe junio o «se acabó», como él mismo anunció. Acto seguido, Félix Bolaños se puso en contacto con Esteban González Pons para verse. Tanto el presidente como su ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes saben que el PP no va a aceptar el planteamiento del PSOE, pero necesitaban una coartada antes de desplegar el plan.

Éste pasa por una reforma de calado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluya rebajar las mayorías de elección de los vocales del CGPJ en el Congreso y el Senado, actualmente situadas en tres quintos (de ahí la necesaria participación del PP). Pero no solo. La propuesta en la que trabaja el Ministerio de Justicia incluye desnaturalizar al CGPJ, arrebatándole la potestad para hacer los nombramientos que le corresponden. En realidad, el actual CGPJ ya no tiene esa facultad: en 2021, Sánchez y sus socios reformaron la ley para impedir que un CGPJ en funciones, como el actual, pudiera hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Así que sería convertir en uso lo que en principio se planteó como una situación de excepcionalidad.

Si el CGPJ no, ¿quién?

Y si el CGPJ no hace los nombramientos en el Tribunal Supremo y en los tribunales superiores de justicia, ¿quiénes los harán entonces? Sánchez y sus socios, a través del Congreso. Unos socios que se refieren a la Judicatura como el «partido judicial» y a los vocales del CGPJ como «golpistas con toga» y «okupas»; que acusan a los jueces españoles de «lawfare»; y que han intentado obligarles a comparecer en comisiones de investigación del Congreso para revisar sus sentencias.

Por lo que se refiere a los medios de comunicación, el presidente situó como punto de partida un reglamento europeo que entró en vigor en mayo y que todos los países miembro deben transponer a sus legislaciones nacionales. Esta norma fue concebida para reforzar la independencia de los medios públicos y la transparencia de los privados: quiénes son sus propietarios, cómo se financian y la publicidad institucional que reciben. Pero el espíritu del reglamento dista mucho de lo que pretende el Ejecutivo.

Al Gobierno no le preocupan los medios públicos, sino los privados. En concreto, esos que el presidente llamó este miércoles «tabloides digitales conservadores y ultraconservadores que propagan bulos». Que son los que destaparon y vienen informando del caso Begoña. Como no puede controlarlos editorialmente, el presidente quiere secar sus fuentes de financiación para abocarlos al cierre.

Las fuentes públicas, para que no reciban publicidad institucional de las administraciones gobernadas por el PP (que son la mayoría desde las últimas elecciones municipales y autonómicas); y las fuentes privadas, animando a las empresas a no poner publicidad en esos medios. Desde abril, Sánchez ha venido soltando algunas indirectas a los empresarios en los foros económicos en los que ha intervenido. A finales de mayo les instó a «defender la democracia» en unas jornadas organizadas por Cinco Días. Ayer, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le dio otra sugerencia: «Vetemos en contratación pública a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango, mañana», propuso.

El presidente tardará aún unas semanas en destapar todas sus cartas. Se ha dado julio de plazo.