El TC prepara un indulto encubierto para Magdalena Álvarez como paso previo a rebajar la prevaricación de Chaves y Griñán

En un mitin del PSOE en Benalmádena, a plena luz del día y de la mano de su mujer, Begoña Gómez, investigada por corrupción, Pedro Sánchez presumía de la conducta de la que fuera ministra de Transportes y ex consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, en el denominado 'caso ERE'. Tan sólo unos días después, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, incluía su recurso de amparo en el orden del día del Pleno que se celebrará la próxima semana.

El desenlace es previsible, un «indulto encubierto» del Gobierno a la «corrupción socialista» de Andalucía, articulado a través de la Corte de Garantías, denuncian fuentes próximas a la causa consultadas por El Debate. Una resolución con la que se lanzará un mensaje demoledor: que ciertas prácticas ilegales son «menos graves si las hacen los míos que si las hacen los demás», lamentan las mismas fuentes. El movimiento del TC permitirá a Sánchez eliminar las sanciones impuestas en sentencia firme, sin el desgaste que supondría, en pleno escándalo por las dos investigaciones penales que pesan sobre su mujer, aplicar la medida de gracia.

No en vano, el cónclave del órgano de mayoría izquierdista se prepara para avalar la sentencia favorable a Álvarez que ha redactado la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y en la que, además de revocar la sanción impuesta a Álvarez por la Audiencia Provincial de Sevilla, se sentarán las bases para rebajar el castigo al delito de prevaricación, un escenario del que también aspiran a beneficiarse, en próximas fechas, los dos expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El Pleno del TC arrancará la semana debatiendo sobre las dos primeras impugnaciones contra la sentencia de los ERE, de entre las que fueron presentadas por una veintena de condenados en la mayor trama de Esto es, los recursos instados por Magdalena Álvarez y José Antino Vieira, ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico del Gobierno andaluz. En el primero de los casos, no sólo el sentido del fallo será favorable a amparar a Álvarez sino que, también, replanteará a la baja el marco punitivo de la 'pieza política' de los ERE.

Ya en octubre de 2023, El Debate adelantó el pronunciamiento técnico previo de un letrado del órgano de garantías que, por aquel entonces, estaba sobre la mesa del TC y en el que se abría la puerta a 'desjudicializar', al más puro estilo del relato separatista catalán, la prevaricación por la que Manuel Chaves fue condenado e inhabilitado, al igual que Griñán quien fue sentenciado a un total de 15 años de inhabilitación, además de los seis de cárcel por la malversación que, actualmente, se encuentran en suspenso en base al cáncer de próstata que padece el expresidente andaluz.

En base a dicho dictamen, que de una manera inédita el propio Cándido Conde-Pumpido se apresuró a negar, en una nota emitida ex profeso, la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, quien fue reconocida por el propio Griñán como hija predilecta de Andalucía, cuando éste era presidente de la Junta, impulsaba la admisión a trámite de los recursos.

Ahora, y ésta es la parte más escandalosa, el TC interpretará que «las resoluciones judiciales impugnadas, como hemos visto, justifican la punición» de los actos descritos como «prevaricación en los términos del art. 404 CP bajo la argumentación de que aquellos no responderían a una función legislativa propiamente dicha (ya que la misma comenzaría en el momento de recepción del proyecto de ley en el Parlamento según el Estatuto de Autonomía) y mediante la diferenciación de lo que constituyen actos materiales («actos de contenido» que quedan configurados como una decisión de naturaleza política) y los actos procesales o normativos (que estarían inexorablemente vinculados y condicionados por una normativa previa) y que pueden ser objeto de un control judicial».

Una vez más, y al rescate del Gobierno socialista de Sánchez, la Corte de Garantías dará carta de naturaleza a una situación creada por la Administración socialista de Andalucía para utilizar el erario, sin el control de su Parlamento con fines que, «por muy bienintencionados» que se venda que fueron en el fondo del asunto, fueron contrarios a la ley y al interés general, en lo que a su formulación se refiere.

Lo que en realidad resulta, a efectos prácticos, es que para la magistrada Montalbán, y el resto de miembros izquierdistas del TC, ni los acuerdos del Consejo de Gobierno andaluz, ni las modificaciones presupuestarias posteriores que facilitaron el desvío de las ayudas de los ERE, fueron actos administrativos, como tal, sino actuaciones netamente políticas, porque fue el Parlamento de Andalucía quien, posteriormente, aprobó las cuentas públicas. Y, por lo tanto, no cabe aplicar el «control judicial de actos de gobierno en el ejercicio de la función legislativa y su contenido decisorio».

Un aspecto, este último, que ya fue expresamente analizado en la sentencia del Supremo cuestionada, por ejemplo, por la defensa de Griñán, y el resto de los condenados, y en la que quedó descartado que lo que se estuviese haciendo, judicialmente hablando, fuera obstaculizar, desde el enjuiciamiento, cualquier tipo de labores parlamentarias. En cambio, el TC está dispuesto a cambiarle el paso.