Benigno Pendás: «La amnistía parece perfectamente inútil para encauzar la convivencia en Cataluña»

Benigno Pendás García (Barcelona, 17 de abril de 1956) es un jurista y catedrático de Ciencia Política en la Universidad CEU San Pablo, donde imparte diferentes asignaturas. Presidente de la la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y letrado de las Cortes Generales, en su entrevista con El Debate ha manifestado que «el aborto es en sí mismo un fracaso desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista personal».

– ¿Cabe una amnistía en nuestra legislación?

– En nuestro ordenamiento jurídico no cabe la amnistía. Pero yo voy un paso más allá. Incluso aunque pudiera decirse que es constitucional, no forma parte de los valores que establece nuestro sistema y, por tanto, carece de legitimidad a la hora de enfocar los problemas que sufre nuestro país. Desde un punto de vista jurídico-constitucional es rechazable, no la menciona la Constitución, y hay una opinión común en la doctrina jurídica de que no es posible desde el punto de vista constitucional. Pero insisto, incluso aunque jurídicamente podría llevarse una conclusión contraria desde el punto de vista de la legitimidad, no es admisible una amnistía en nuestro sistema.

– Hay algunos juristas que proclaman que sí podría darse una amnistía de acuerdo con la Constitución, pero no la que se acaba de aprobar. ¿De qué manera atenta esta norma contra la Carta Magna?

– La Constitución –expresamente– no menciona la amnistía precisamente porque no quiere dar lugar a planteamientos como los que luego se han producido. Cuando la Constitución calla me parece que es un exceso de creatividad el pensar que se puede configurar como tal. Pero, además, si nos vamos a esta amnistía concreta nos encontramos con que se trataría de borrar lo que fue un atentado directo contra el sistema constitucional español, contra los principios que inspiran la convivencia democrática y, por consiguiente, no es legítimo tratar de superar esa circunstancia que, primero, es todavía muy reciente, y segundo, no parece que vaya a producir ninguna ventaja adicional.

Es decir, si de la amnistía se desprendiera una solución o un compromiso firme y serio sobre el futuro de Cataluña, pues seguiría siendo poco recomendable, pero cuando menos podría tener un sentido utilitario. Pero resulta que, con o sin amnistía, quienes mantienen posiciones secesionistas siguen diciendo que el objetivo es la independencia, y que volverán a intentarlo. A los defectos ya señalados se añade otro más; y es que parece perfectamente inútil para encauzar la convivencia democrática en Cataluña.

«El Tribunal Constitucional no lo tendría fácil para avalar la amnistía»

– ¿Qué supone para nuestra democracia esa misma amnistía en delitos de malversación o de terrorismo?

– Son delitos de distinta significación, pero en todo caso supone una quiebra de los principios de legitimidad del sistema. Es muy dudoso –y en el caso de la malversación parece cada vez más claro– que eso sea posible desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, no ya solo interno, sino europeo, que forma parte del ordenamiento jurídico español. Por tanto, las dificultades jurídicas son serias. La reacción del Poder Judicial –que en definitiva está manteniendo lo que la Constitución le exige, que es la defensa del Estado de derecho– puede llevar la amnistía a una vía muerta. Yo diría que va a tener serias dificultades para superar las barreras jurisdiccionales tanto internas como en el caso de la Unión Europea.

– ¿Qué opinión le merece la postura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la amnistía?

– Con el paso del tiempo nuestra Constitución, que es la historia de un gran éxito –del éxito de la convivencia de la España constitucional– sin embargo, ha dejado siempre algunas cuestiones pendientes de resolver. Y entre ellas está la independencia de la Fiscalía General del Estado; lo que se ha hablado no solo ahora, sino también en otros momentos sobre su excesiva dependencia respecto del Gobierno. No entro a valorar los planteamientos personales, sino las opiniones institucionales. Y creo que hay que dejar que cada uno de los agentes del mundo jurídico cumpla su función.

– ¿Cree que es posible que el Tribunal Constitucional avale esta norma?

– Quiero confiar en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una pieza esencial de nuestro sistema. Es evidente el cambio en la composición del Tribunal Constitucional –desde el Tribunal Constitucional en origen en el 81, que es cuando se crea, y del formaban parte los más acreditados de los juristas– manteniendo por supuesto la dignidad y el mérito de todos los magistrados anteriores y actuales. Creo que es exigible que actúen en función de su sentido, de la responsabilidad, de su leal saber y entender jurídico. Que sean muy conscientes de que en nuestro sistema constitucional un juez o un magistrado es todo lo independiente que quiera ser, es decir, no está sujeto a instrucciones de nadie, no depende de quién le haya nombrado y, por tanto, tiene toda la capacidad para razonar por sí mismo y expresar sus criterios. Ojalá cada uno actúe en conciencia, y veremos cuál es el resultado.

– ¿En qué se podría basar esa futura sentencia del Constitucional si avalase la amnistía?

– El derecho, que no es una ciencia exacta, no es geometría, es siempre objeto de interpretación y de valoración. Pero no hay que caer en el relativismo, no todo vale, no todo cabe ahí. La jurisprudencia y el Estado de derecho, en definitiva, son una prueba de la civilización jurídica y de unas reglas que necesariamente tenemos que cumplir para poder vivir en sociedad. Hay una opinión abrumadoramente mayoritaria en la doctrina jurídica española en contra de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Si uno lee a la inmensa mayoría de los más ilustres juristas españoles se va a encontrar con una posición muy negativa.

¿En qué se puede valorar positivamente? Uno puede aceptar los argumentos de la exposición de motivos diciendo que eso va a mejorar la convivencia, que es un fin legítimo constitucionalmente, etcétera. A mí esos argumentos no me convencen, pero insisto, siempre creo en la buena fe de las personas, y estoy dispuesto a aceptar que haya quien lo vea con ojos de mayor simpatía. No lo tendría fácil realmente el Tribunal Constitucional. Pero insisto, creo que hay que dejar que actúe, que sus miembros decidan en conciencia, y que, sobre todo, que sean capaces de entender el significado de su función, que no es apoyar ni criticar al Gobierno, sino cumplir y hacer cumplir la Constitución.

«Tendrían que establecerse mecanismos automáticos de reforma del CGPJ»

– ¿Cómo valora las recientes sentencias del TC sobre el aborto?

– Quienes tenemos unas creencias religiosas claras y firmes, evidentemente el derecho a la vida es para nosotros algo sagrado y esencial. Desde el punto de vista de la conciencia personal, no tengo ninguna duda.

Sobre si la Constitución avala el derecho al aborto es una cuestión bastante compleja. Creo que el aborto es en sí mismo un fracaso desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista personal, y por ende tengo muy serias dudas de que pueda concebirse como derecho, aunque no sea exactamente eso lo que dicen las sentencias; es más bien una respuesta a una circunstancia determinada. Me preocupa también que en otros países el –caso de Francia es muy conocido– se insista en la idea de que es un derecho.

Las sentencias del Constitucional son más matizadas de lo que a veces se dice y se lee, tanto la primera como la última. Desde luego, no debería haber tardado 13 años en su tramitación. Es decir, las sentencias tienen que emitirse en un plazo razonable de tiempo, y yo diría que estamos ante una situación preocupante por lo que significa en el contexto social y en el contexto moral, pues una respuesta jurídica en el sentido de que el aborto es un derecho bien se puede enfocar desde muchas cuestiones, pero desde un punto de vista ético y moral, es más que discutible.

– Cambiando de tercio, el Consejo General del Poder Judicial lleva con su mandato prorrogado desde 2018. ¿Qué le parece a usted esta situación?

–Naturalmente me preocupa, como todo lo que deteriora al Estado de derecho y como todo lo que transmite una imagen socialmente negativa del funcionamiento del sistema. Quienes hemos dedicado y dedicamos lo mejor de nuestra vida a la defensa de la España constitucional estamos preocupados con el deterioro de las instituciones. Quizá primero hay que transmitir a la opinión pública la idea de que el Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial. De hecho, formalmente ni siquiera forma parte del Poder Judicial, es el órgano de gobierno del Poder Judicial.

Tendrían que establecerse mecanismos automáticos de reforma. Hay muchas opciones que incluso se han puesto sobre la mesa para poner al día el sistema. Es muy lamentable esa mentalidad de que hay jueces de un partido y de otro partido; daña mucho a la imagen pública de la Justicia.

Una vez más hay que hacer un llamamiento a los partidos políticos para que se pongan de acuerdo en buscar a los mejores. Es decir, España es un país que histórica y actualmente produce muy buenos juristas. No veo ningún motivo para no sentarse y ponerse de acuerdo. Ahora, si uno se empeña en buscar juristas que parcialmente vayan a beneficiar al partido que los propone, pues entonces por ahí no se puede seguir, pero realmente es una situación que debería resolverse pronto y bien.

La Corona es el elemento capital para el buen funcionamiento de nuestro sistema constitucional

– Se cumplen diez años del reinado de Felipe VI. ¿Qué ha supuesto para España en el marco constitucional la Monarquía?

– La Corona es el elemento capital para el buen funcionamiento de nuestro sistema constitucional. La Monarquía, hoy en día, se identifica con la democracia. Tanto Don Juan Carlos como Don Felipe han cumplido y cumplen –en el caso de Don Felipe ejemplarmente– las funciones que les atribuye la Constitución, y estamos ante una pieza capital para el funcionamiento del sistema.

Por eso me preocupa cualquier género de posible deterioro, de posible pérdida del significado de lo que es y debe ser la Monarquía. No es una casualidad que, entre los países social, económica y políticamente más prósperos –más avanzados del mundo– una parte muy notable sean monarquías. La Monarquía es un factor de estabilidad y un factor de permanencia. Y en el caso de España, indiscutiblemente es una de las razones principales –y si no la principal– del éxito de nuestra democracia.