El Gobierno redobla sus ataques contra la norma de PP y Vox que deroga la ley de memoria en Aragón

La memoria histórica y el «francomodín» son, como denuncia la oposición, lugares a los que recurre con frecuencia el Gobierno para tratar de movilizar al electorado de izquierdas o para desviar la atención sobre un tema que le incomoda ante la opinión pública.

El pasado abril, en plena ebullición del caso PSOE, la presunta trama de corrupción que salpica a varios ministros y dirigentes socialistas y que se investiga en los tribunales y en las Cortes, y con la amnistía en tramitación, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, lanzó la primera amenaza del Gobierno al Ejecutivo de Aragón, de PP y Vox, al anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley de memoria autonómica si no había acuerdo.

Era una amenaza de forma directa hacia Aragón porque era la región donde ya se había derogado de facto, e indirecta hacia Castilla y León y la Comunidad Valenciana, cuyos parlamentos tramitan proposiciones de ley de concordia, que sustituyen a las de memoria. Torres acusó a ambos partidos de intentar «blanquear la dictadura» y de pretender igualar este período con el de la Segunda República, que el ministro socialista definió como «etapa democrática».

Esa misma semana, Pedro Sánchez visitó por sorpresa las criptas del Valle de los Caídos, y avisó: «Sin memoria no hay democracia. (...) La ley se va a cumplir». El Gobierno anunció además que lo llevaría ante Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Casi un mes después, días antes de las elecciones catalanas, Sánchez llegó decir que estas leyes «antimemoria» son «un ataque al derecho internacional, un atentado contra nuestra democracia». Finalmente el pasado lunes el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central, por lo que suspendió cautelarmente la norma hasta que se analice.

El Gobierno de Aragón recalca la legitimidad de las Cortes para derogar una ley autonómica: «Tienen pleno derecho»

Desde el Ejecutivo aragonés, que preside Jorge Azcón, si bien trasladan su respeto a las decisiones judiciales aunque no las compartan, insisten en la constitucionalidad de la norma y en la legalidad de la tramitación de la misma, y aseguran que no van a dar un paso atrás en la derogación de esta ley que, como denunciaron en la proposición, impone un «relato ideológico de parte» y puede llegar a «sembrar división». Defienden que de la misma forma que el Gobierno anterior, liderado por el socialista Javier Lambán, impulsó una ley de memoria que aprobaron las Cortes en 2018, el nuevo Gobierno tiene potestad para llevar al parlamento regional, elegido en las urnas, una norma que la derogue.

Fuentes cercanas a la Presidencia de Aragón remarcan que las Cortes tienen «pleno derecho y autonomía» para poder derogar sus propias leyes, y que la norma que elevaron al parlamento tuvo el aval del Consejo Consultivo de Aragón y de los letrados de las Cortes. Según informan estas fuentes están a la espera del informe de los servicios jurídicos para presentar un recurso de alzada contra su suspensión, aunque, como apuntan, hay tiempo suficiente para hacerlo.

Pero además subrayan otro punto. A Aragón se le está recriminando que suprima su ley autonómica de memoria mientras otras regiones, como Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, no tiene ninguna. Y además existe una ley estatal, la de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura, que rige en todo el territorio nacional.

El Plan de Concordia está listo

La ley de memoria de Aragón que PP y Vox han derogado excluía de la consideración de víctimas a las personas asesinadas antes de 1936, y no a las del periodo comprendido entre 1931 y ese año. Solo reconocía como tal a las de la guerra civil y la dictadura, y hablaba de «violaciones de los derechos humanos» exclusivamente desde 1936 hasta 1978. Como denunciaron ambos partidos, esta mostraba una «idealización extrema» de la Segunda República y en ella solo se condenaban los crímenes de un bando.

Textualmente, la norma que se aprobó con el PSOE señala en su preámbulo que: «El 18 de julio de 1936 se producía el golpe de Estado contra la legalidad constitucional de la Segunda República. Al igual que en el resto de España, en Aragón el régimen republicano supuso un impulso modernizador en casi todos los órdenes de la sociedad». Y continúa más adelante: «Es por lo tanto imprescindible que la Segunda República y su legado político, histórico y cultural ocupen un lugar central en las políticas de construcción de la memoria democrática de Aragón como el antecedente más importante que fue de nuestra actual democracia».

Frente a esta visión «sectaria», PP y Vox han trabajado en un Plan Estratégico de Concordia que, como informan las citadas fuentes, ya se ha acordado entre los dos socios de gobierno y está listo. Este, que cabe recordar que no tiene rango de ley, se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno. Como aseguran las fuentes consultadas, recoge todo lo que los memorialistas piden, como la continuación de las exhumaciones o la identificación de las víctimas. Además, recuerdan que ha aumentado este año un 10 % el presupuesto destinado a las exhumaciones. Con esta iniciativa se pretende incluir a todas las víctimas y unir a los ciudadanos de Aragón en torno a la Constitución.

El presidente Jorge Azcón reprochó a los socialistas en el Pleno de este jueves que pretendan no solo «reescribir la historia, sino decirnos cómo tenemos que pensar». «Nosotros cuando hablamos de un Plan de Concordia, lo que hacemos es sentirnos orgullos hijos de la Transición», manifestó. Y aseguró: «Ustedes se han instalado en la división, y nosotros a través de la concordia, a través de la palabra, vamos a seguir defendiendo la memoria, la dignidad de las víctimas y, por supuesto, vamos a defender la Constitución española».