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El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una entrevista con El DebatePaula Argüelles

Reacción a la enmienda trampa

El Senado estudia acciones legales contra el PSOE por hurtarle la capacidad de veto del techo de gasto

Los servicios jurídicos de la Cámara Alta valoran si hay margen de maniobra, porque los socialistas han utilizado la ley de paridad para reformar la ley de estabilidad presupuestaria

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha encargado un informe a sus servicios jurídicos para saber si la Cámara Alta puede emprender acciones legales contra la enmienda que el PSOE ha colado en la ley de paridad para eliminar la capacidad de veto del Senado sobre los objetivos de deuda y déficit del Gobierno. Puesto que los populares tienen mayoría absoluta en la cámara de representación territorial y a los socialistas les interesa quitarles ese poder cuanto antes.

Así lo ha anunciado Rollán en los cursos de verano de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), donde ha criticado que los socialistas hayan reformado la Ley de Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a través de una disposición final incluida en el proyecto de la Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Este último fue aprobado el pasado jueves en la Comisión de Igualdad y este jueves lo será en el Pleno.

El presidente del Senado ha recordado que esa potestad del Senado fue una incorporación legislativa realizada en 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y se ha mostrado «radicalmente en contra» de que se vaya a eliminar. «Se puede hacer, pero hágase como se puede hacer», ha sostenido Rollán, que ha animado al Gobierno a tramitarlo en una ley relacionada con este tema y no en la ley de paridad.

Precisamente este martes, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publica el texto definitivo de la ley de paridad, con la polémica disposición final. Ésta estipula: «Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple. Si son rechazados, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento».